Anderson Marco Pablo Mauricio, indígena mam de 16 años, salió de su comunidad en el departamento de San Marcos, en Guatemala, para buscar tal vez un futuro mejor o tal vez, para salir del peligro en que vivía, o tal vez para ayudar a la familia que la estaba pasando muy mal. Y eso, pensó, se logra llegando a los Estados Unidos.
Él llegó con otros y otras de su comunidad al a frontera con México, donde encontraron a la Guardia Nacional de México. Sus efectivos cubrían los puntos de ingreso con armamento de punta comprado en los Estados Unidos.
Anderson, como miles de migrantes que encuentran al Ejército mexicano en la frontera mexicana, se entregó al “guía”, “pollero” o tratante de personas. Él le ofreció cruzarlo por rutas alternativas, mucho más peligrosas. Anderson se subió con muchos más, tal vez a un camión de redilas o tal vez a una camioneta. Necesitaba llegar a Estados Unidos.
De acuerdo con defensores de migrantes y periodistas que han documentado la ruta migratoria en México, Anderson pagó entre 5 mil y 9 mil dólares por cruzar México, y viajan hasta 100 personas en un camión. Y cada día salen camiones de distintos puntos fronterizos con rumbo a Estados Unidos. Una industria millonario movida tal vez por los sueños, tal vez por el dinero.
El fin del sueño para los migrantes
El pasado 26 de enero, las cenizas de Anderson Marco Pablo Mauricio, de 16 años y en camino a Estados Unidos, fueron encontradas junto con los restos de otras 18 personas en Camargo, Tamaulipas, que como él, tal vez pensaban que ya estaban cerca de cumplir el sueño.
Los cuerpos de estos 18 cuerpos fueron encontrados en una camioneta que tenía 113 impactos de balas que luego fueron recogidas. Hoy se sabe que 12 policías estatales estuvieron involucradas en el asesinato de este grupo de adultos, jóvenes y niños en camino a Estados Unidos.
Los sueños de Anderson, igual que las masacres de migrantes, al igual que en la noche de Iguala de 26 de septiembre, miles de homicidios en Puebla y en todo el país, terminan con armas y balas vendidas o traficadas a México por Estados Unidos.
Basta decir que entre 2014 y 2020, Estados Unidos exportó más de mil armas para el uso de las fuerzas estatales y municipales en Tamaulipas. Es posible que esas armas se hayan usado para terminar con la vida de Anderson y las otras 18 personas.
Anderson Marco Pablo Mauricio tuvo que cruzar escondido y murió buscando tal vez un futuro mejor o tal vez, para salir del peligro en que vivía, o tal vez para ayudar a la familia que la estaba pasando muy mal.
Las armas y las balas que lo mataron llegaron con permisos y a la vista de todos.
No lo sé de cierto, pero tal vez, en 2021, las balas valen más que los sueños de seguridad y trabajo.
Posdata
Que se pone necia e insiste en agregar propuestas para que no le digan que nomás lo motiva la rabia:
- El Gobierno de los Estados Unidos debe para el tráfico ilegal de armas para siempre y detener la exportación legal de armas a México hasta que asegure pleno control sobre el destino y usuario final de las armas que venden las empresas de ese país. Hace unos días, lo hizo con Arabia Saudita y los Emiratos Árabes.
- El Gobierno de México debe sacar a la Guardia Nacional de toda labor relacionada con migración y debe fortalecer la capacidad del Instituto Nacional de Migración y de la Comisión Mexicana para Refugiados para atender cada una de las solicitudes de ingreso a México caso por caso, siguiendo el derecho de asilo y todos los mecanismos de protección vigentes en México e internacionalmente. La estrategia militar y la deportación como práctica solo favorece a las redes criminales, seguirá causando más masacres y creciendo la ola de violencia en México.
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Marco Castillo es antropólogo y activista poblano. Actualmente es el Co-Director de Global Exchange y fundador de la Red de Pueblos Trasnacionales. Vive, trabaja y sueña entre Puebla y Nueva York
