El lunes, la Suprema Corte de Estados Unidos negó un desafío legal a un nuevo protocolo de inyección letal propuesto para ejecuciones federales. Esto despeja el camino para que la administración Trump reanude la ejecución de presos condenados a muerte por primera vez en casi dos décadas.
El tribunal superior dijo que no revisaría el fallo de un tribunal federal de apelaciones al respecto. Este fallo dio luz verde a las ejecuciones de cuatro reclusos condenados a muerte.
Los reclusos habían impugnado sus ejecuciones previamente. Argumentaron que el protocolo federal de inyección letal debe cumplir con los estándares utilizados en los estados donde fueron sentenciados.
Un tribunal federal estuvo de acuerdo con los prisioneros. Pero, en abril, el tribunal federal de apelaciones del Distrito de Columbia revocó la decisión.
Las jueces liberales Ruth Bader Ginsburg y Sonia Sotomayor dijeron que habrían escuchado el desafío.
Si las ejecuciones continúan, terminarán con una pausa de 17 años sobre la pena capital federal.
Condenas por asesinato
Gracias a la decisión del tribunal superior, las ejecuciones de los cuatro reclusos se llevarán a cabo en una prisión federal en Haute, Indiana, a partir del 13 de julio. Esto si otro tribunal no interviene en el proceso.
En los cuatro casos, el motivo de la condena es el asesinato de niños.
El primer recluso programado para su ejecución es Daniel Lewis Lee. Lee es miembro de un grupo de supremacistas blancos. En 1999 recibió una condena por asesinar a una familia de tres, incluida una niña de 8 años.
La ejecución de Lee y de otros dos prisioneros está programada para el 13, 15 y 17 de julio respectivamente. Mientras tanto, la ejecución del cuarto reo, Keith Nelson, se llevará a cabo el 28 de agosto.
El Departamento de Justicia anunció las fechas de ejecución hace dos semanas. Dijo que los cuatro prisioneros habían agotado sus apelaciones.
Por su parte, el fiscal general de EEUU, William Barr, declaró:
Le debemos a las víctimas de estos horribles crímenes, y a las familias que quedaron atrás, llevar adelante la sentencia impuesta por nuestro sistema de justicia.
Pero los abogados de los cuatro hombres dijeron que el litigio aún está en curso en un tribunal de distrito federal:
“Estas ejecuciones se establecieron mientras el litigio ha estado pendiente, a pesar de las serias preocupaciones en los casos de estos prisioneros (incluida la oposición a la sentencia de muerte por parte de los familiares de las víctimas, la competencia mental y la evidencia convincente de mitigación de que sus jurados nunca escucharon)”.
Cada vez menos países optan por ejecuciones
Las ejecuciones programadas para los próximos dos meses llegan en un momento en que más estados de EEUU y países del mundo entero se están alejando de la pena de muerte. En su lugar, están optando por las condenas a cadena perpetua y otros castigos.
Así lo declara Robert Dunham, director ejecutivo del Centro de Información de Pena de Muerte. Según este centro, actualmente, 62 presos federales se encuentran en el corredor de la muerte en Estados Unidos.
Según Dunham, un número cada vez más pequeño de países está llevando a cabo ejecuciones. Agrega que “los que lo hacen son los que han mostrado menos respeto por la imparcialidad de los juicios”.
El año pasado, el Departamento de Justicia anunció planes para restablecer la pena capital federal. Antes de eso, William Barr ordenó a la Oficina de Prisiones que adoptara un protocolo de inyección letal para que varios estados utilizaran una sola droga.
La droga, pentobarbital, reemplaza un cóctel de tres drogas previamente utilizado en ejecuciones federales.
Pero cinco reclusos programados para ser ejecutados en diciembre y enero presentaron demandas legales, retrasando sus ejecuciones.
La ejecución federal más reciente en Estados Unidos tuvo lugar en 2003. En ese año, se ordenó la ejecución del veterano de la Guerra del Golfo Louis Jones Jr., quien secuestró y asesinó a un soldado de 19 años.
Las ejecuciones federales se mantuvieron en suspenso bajo las administraciones de Bush y Obama. Pero el fiscal general William Barr, un ferviente defensor de la pena de muerte, las restableció el verano pasado.
