Para un migrante detenido, tener acceso a una llamada telefónica gratuita puede marcar la diferencia entre tener asesoría legal y un trato justo o ser deportado, es por eso que activistas presentaron este 4 de mayo una demanda para que ICE elimine las barreras de acceso telefónico en dos de sus centros de detención en El Paso, Texas.
La demanda se presentó en nombre de las personas detenidas en El Paso en el Centro de Detención del Condado de Otero y el Centro de Procesamiento de Servicios de El Paso. Cada uno con la capacidad combinada de detener a miles de personas.
En El Paso, Texas la tasa de aprobación de las solicitudes de asilo es constantemente inferior al 5%. Durante la pandemia del coronavirus, la situación se ha vuelto más crítica.
ICE tiene un patrón para bloquear el acceso telefónico durante meses
Los abogados y las organizaciones de defensa de inmigrantes han seguido estrategias agresivas de defensa con la Oficina de Campo de El Paso de ICE para resolver este problema en los centros de detención del área desde octubre de 2019.
Los abogados que intentan hablar con sus clientes detenidos informaron los siguientes problemas:
- La incapacidad de las personas detenidas para llamar a sus abogados a una hora designada. Esto fue particularmente problemático cuando los intérpretes telefónicos estaban en fila para hablar en esos momentos.
- Incapacidad de llamar a sus abogados o familiares a menos que tengan dinero en sus cuentas de la tienda.
- La falta de ICE para proporcionar un espacio en el centro de detención que permitiera conversaciones confidenciales y privadas. Esto obstaculiza su capacidad de compartir detalles delicados de casos por teléfono.
- Las llamadas telefónicas con clientes detenidos caerían repentinamente y sin previo aviso.
- Abogados que informan que intentarían establecer llamadas con ICE, pero que a veces esperarían casi dos semanas para recibir una respuesta. Otras veces, sin respuesta.
Los abogados pro bono informaron que una de las soluciones de ICE era dirigir a sus oficiales para que permitieran a los migrantes detenidos hacer llamadas legales a los celulares de los oficiales. Sin embargo, esas conversaciones probablemente no fueron confidenciales.
Las barreras para el acceso telefónico en los centros de detención de inmigrantes del área de El Paso están interfiriendo con el derecho fundamental de los inmigrantes a recibir asesoramiento y acceso a los tribunales, protegidos por la Constitución de EEUU.
