Se cumplió un largo ciclo y finalmente Pemex pasó de ser una solución para las finanzas públicas a ser un verdadero dolor de cabeza que afectará la calificación de la deuda soberana de México y podría desatar una crisis que profundizaría los problemas económicos que ya se tienen.
La realidad es que todos los gobiernos del México moderno usaron a Pemex como la fuente de recursos para financiar al país.
Todos, aprovecharon los abundantes recursos petroleros y los elevados precios del hidrocarburo para solventar las finanzas públicas.
México, como les sucede a la mayoría de los países que tienen petróleo, no hizo nunca una reforma tributaria para financiar al país con impuestos.
Pemex tuvo siempre los peores vicios de las empresas paraestatales. Ineficacia, corrupción, contratos colectivos irracionales.
En le época moderna, dos veces se trató de cambiar el rumbo de la empresa.
Una, en el gobierno de Felipe Calderón, quien planteó una reforma energética que el PRI tiró a la basura; la segunda, con Enrique Peña Nieto, quien realizó la más amplia reforma energética desde la nacionalización petrolera, encaminada a modernizar al sector.
Esta reforma, que entre muchas otras cosas incluía la participación del sector energético en la exploración y explotación del petróleo, virtualmente fue cancelada por el actual gobierno.
Asimismo, puso al sector en las peores manos posibles.
Insiste en basar el desarrollo del país en una empresa quebrada y lo único que ha conseguido es que los bonos de la empresa hoy sean chatarra.
La crisis de Pemex no nació con este gobierno; Pemex ha estado mal manejada por décadas y hoy solo se le dio la puntilla.
¿Cuál sería la salida para Pemex?
Resucitar la reforma energética de Peña Nieto para atraer inversión privada a la exploración y explotación del petróleo, redimensionar a Pemex.
Rehacer el contrato colectivo con el sindicato y crear una estrategia financiera que convenza a los mercados financieros que la empresa tiene salida.
Insistir en que Pemex salga adelante por si sola es encaminar al desastre a las finanzas públicas, poner en peligro la calificación de la deuda soberana de México y poner al país en el peligro de un default de la deuda externa.
Y aún eso no será suficiente.
Sin ingresos petroleros, hoy más que nunca es indispensable una reforma fiscal que permita aumentar la recaudación de impuestos y dejar de financiar con petróleo.
Y por el lado del gasto, reacomodar el gasto público para que se gaste con mayor eficacia y se canalicen los recursos a lo prioritario y no a las obras que se le ocurran al presidente en turno.
Si este problema de Pemex se trata con el mismo desacierto que la crisis financiera que el Covid-19 ha profundizado, nos encaminamos a una verdadera hecatombe económica.
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