Arturo Israel Domínguez Adame, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, ayer resolvió un acuerdo sin precedente. A través de 11 medidas se preservará la vida y la salud de las más de 2 mil personas migrantes y solicitantes de asilo, que el Instituto Nacional de Migración (INM) reportó se encuentran detenidas en las estaciones y estancias provisionales migratorias del país.
Entre las medidas estipuladas destacan:
- La libertad inmediata de los migrantes que son parte de grupos vulnerables y se les otorgue una estancia regular en el país que incluya acceso a salud.
- La elaboración de un informe detallado, por parte del IMN, sobre el número de migrantes que se encuentran en las estaciones migratorias. Se debe señalizar sus condiciones de vulnerabilidad.
- Una estrategia para que la población migrante y solicitante de protección internacional sean beneficiarias de apoyos económicos.
- Garantizar que ningún niño o adolescente se encuentre detenido; ya que es población que no debería estar en estaciones migratorias, según la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Esta acción por parte del juez en funciones, sienta un precedente para la justicia de migrantes en México; puesto que identifica la situación en riesgo que enfrentan en la actual crisis sanitaria por Covid-19.
¿Qué se le pide al INM?
Por ello, ordena al INM:
- Implementar protocolos de prevención sanitaria por coronavirus dentro de las más de 58 estaciones y estancias provisionales migratorias.
- La realización de inspecciones periódicas en dichos espacios para verificar que se cumplan con los estándares de respeto a los derechos humanos.
- El acceso a la información de las personas detenidas sobre las medidas sanitarias nacionales por la pandemia.
Más de 40 organizaciones promovieron el amparo y acción. Si bien son medidas fundamentales para la salud de los migrantes en el contexto de la pandemia mundial, es necesario que las acciones realizadas por el INM, la Secretaría de Gobernación, el gobierno de México y la Secretaría de Salud, resultado de esta suspensión, tengan como piso mínimo: alimentación, integridad física y psicológica de los migrantes.
Por ejemplo, a través de la creación de programas de ayuda económica directa con los migrantes que les permita acceder a una vivienda y alimento durante el periodo de la emergencia sanitaria.
Así como la renta, creación o acondicionamiento de espacios salubres que sirvan de alojamiento para grupos no mayores a 50 personas, sin que sean considerados parte de las estaciones migratorias.
Todas las personas migrantes o solicitantes de protección internacional deben tener asegurado igual acceso a servicios de salud; así como estar incluidas en las respuestas nacionales dirigidas a prevenir y mitigar la transmisión del coronavirus.
Finalmente, la resolución señala un plazo de 24 horas para que las autoridades responsables rindan a este órgano jurisdiccional el informe respectivo al cumplimiento de las medidas decretadas.
