Un análisis del Center for American Progress examina la importancia de proteger a los 10.6 migrantes indocumentados en Estados Unidos, durante la crisis del coronavirus.
Los migrantes indocumentados son parte importante de la sociedad y economía estadounidense. La mayoría de ellos llevan más de 10 años en Estados Unidos y contribuyen con miles de millones de dólares anuales en impuestos; con los cuales se financian los programas como el Seguro Social y Medicare.
De igual forma, los migrantes trabajan desproporcionadamente en áreas esenciales como la atención médica y la agricultura.
A pesar de sus contribuciones, los migrantes están fuera de los primeros tres paquetes de ayuda del Congreso por coronavirus.
Los contribuyentes indocumentados y sus familias –incluidos sus hijos quienes son ciudadano estadounidenses- no serán elegibles para los pagos directos: de 1,200 dólares para contribuyentes solteros y 500 dólares para niños bajo la Ley Coronavirus CARES.
Tampoco tienen acceso a un tratamiento médico, incluidas las pruebas Covid-19 o seguro de desempleo. Además, los migrantes tienen miedo que los deporten.
Proyecto de Ley de Alivio Integral de Fase IV para Migrantes Indocumentados
Ryan Zamarripa, director asociado de Política Económica, ofrece las siguientes recomendaciones para proteger a este sector:
- Todas las personas que residen en Estados Unidos deberían tener acceso a las pruebas y tratamiento de Covid-19, independientemente de su estatus migratorio.
- Las familias de estatus mixto y migrantes indocumentados deberían tener acceso al apoyo económico de emergencia.
- Todos los que presenten declaraciones de impuestos, independientemente de su estado migratorio, deberían tener acceso extendido a los beneficios de desempleo; incluido el seguro de desempleo y la licencia familiar remunerada por enfermedad relacionada con el Covid-19.
- El Congreso debe garantizar que los trabajadores migrantes no sean removidos innecesariamente de la fuerza laboral.
- El Congreso debe asegurar que el temor a la aplicación de la ley de inmigración no obstaculice el acceso a la atención médica y otros servicios necesarios.
