Viviendas hacinadas de trabajadores, autobuses abarrotados, prohibición de tomar descansos para lavarse las manos e imposibilidad de practicar el distanciamiento social.
Son algunas de las precarias condiciones laborales a las que se ven sometidos los trabajadores y que les impiden tomar medidas de prevención del coronavirus.
Según un informe elaborado por el Centro de Derechos del Migrante (CDM), una organización transnacional que brinda servicios legales y asesorías a personas migrantes:
“Los trabajadores H-2A están en una posición muy vulnerable y muy susceptible al coronavirus”, explicó a Enlace Latino NC María Perales Sánchez, coordinadora de comunicación del CDM y una de las autoras del informe que expone los peligros a los que se exponen los trabajadores migrantes rurales.
Durante las últimas semanas el equipo del CDM recibió numerosas llamadas por parte de trabajadores migrantes y la situación resulta alarmante.
“Hablé con un trabajador. Siguen viajando en camionetas llenas de gente, viviendo en condiciones de hacinamiento, casi uno arriba del otro”.
“Tienen miedo y no están recibiendo nada, ni siquiera guantes”, explicó Perales Sánchez.
No sólo son preocupantes las condiciones de trabajo, salud e higiene, sino también la falta de herramientas para denunciar estos abusos.
Ocurre que las visas H-2A están vinculadas a un solo empleador, generando un peligroso desequilibrio de poder entre empleadores y trabajadores.
Tanto el estatus migratorio como el empleo de un trabajador dependen de una sola empresa o persona.
Es necesario un cambio legal para trabajadores H-2A
Como sostiene Perales Sánchez, “los trabajadores muchas veces temen alzar la voz por miedo a sufrir represalias o ser despedidos”.
Según el informe del CDM, muchos trabajadores dependen de sus salarios para poder regresar a sus comunidades de origen.
Incluso el 62% tomó deudas con reclutadores que cobran por conseguir las visas, una práctica ilegal, pero no poco frecuente.
Para hacer frente a esas deudas, muchos no tienen más opción que tolerar condiciones laborales abusivas o peligrosas.
No se trata de situaciones aisladas: según cifras oficiales en 2019 hubo 256.667 trabajadores H-2A en todo el país y 18.129 en Carolina del Norte, el quinto estado con mayor número de personas contratadas bajo este régimen.
De todos los entrevistados por el CDM, el 100% experimentó al menos una violación seria en sus derechos.
Entre las situaciones que se repiten con alarmante frecuencia entre los trabajadores migrantes rurales entrevistados se mencionan prácticas discriminantes, robo de salarios, pago de cuotas de reclutamiento e incluso acoso sexual.
En el contexto de la pandemia uno de los grupos más afectados es el de los trabajadores y trabajadoras provenientes de comunidades indígenas, que representan el 20% de los entrevistados por el CDM.
Muchos no hablan español ni inglés porque se comunican en sus lenguas nativas”, explicó Perales Sánchez.
La barrera idiomática en esos casos impide no sólo denunciar abusos laborales sino también expresar síntomas y recibir atención médica en caso de necesitarla.
Este tipo de situaciones, sostiene el equipo del CDM, podría evitarse si el gobierno federal implementara una serie de cambios en las condiciones de las visas H-2A.
En primer lugar, mayor control y regulación sobre las condiciones laborales y habitacionales a las que se ven sometidos los trabajadores.
En segundo lugar, un rediseño del programa que permita que las personas migrantes no queden a disposición de un solo empleador y que puedan, eventualmente, acceder a una ciudadanía.
Con información de Enlace Latino.
