Miles de empresas en los Estados Unidos se benefician cada año de las personas que se encuentran en detención de migrantes. Muchas de estas empresas están generando una ganancia inesperada debido al Covid-19.
“Es hora de responsabilizar a estas empresas”, señala Christina Fialho, cofundadora y directora ejecutiva de Freedom for Immigrants.
With visitation at ICE jails & prisons suspended, loved ones will be forced to spend upwards of $20 on a 15 min call just to stay in contact w/people in detention, writes @ChristinaFialho
The telecommunications industry will experience a huge windfall.https://t.co/obTt1zCjJC
— Freedom for Immigrants (@MigrantFreedom) March 26, 2020
La semana pasada, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) finalizó todas las visitas sociales en sus más de 200 cárceles por el Covid-19.
Si bien existen visitas de video y llamadas telefónicas durante la detención de migrantes, estos servicios se ofrecen a precios exorbitantes.
Una llamada telefónica de 20 minutos puede costar hasta 11.50 dólares, a pesar de que la Comisión Federal de Comunicaciones ha limitado las llamadas interestatales. Y los costos de las visitas de video son a menudo más caras.
Por lo que las compañías como Talton Telecommunications, GTL, Securus Technologies e IC Solutions pueden experimentar un aumento en las ganancias.
ICE y sus contratistas deberían ofrecer visitas de video gratuitas y llamadas telefónicas gratuitas a todas las personas detenidas por migrantes, particularmente durante esta pandemia global de Covid-19, aseverá Fialho.
“Las empresas que se benefician de los migrantes detenidos se extienden más allá de la industria de las telecomunicaciones”.
“De hecho, muchas corporaciones importantes con las que interactuamos a diario tienen una participación en esta industria abusiva a través de sus inversiones y contratos con ICE”, denuncia la activista en un texto publicado en IMM Print.
Empresas que se benefician de contratos con ICE
ICE adjudicó más de 2,600 contratos por un total de 5.6 mil millones en el año fiscal 2019.
Las compañías incluyen marcas conocidas como Motorola Solutions, que tiene un contrato con ICE por un valor de más de 13 millones para tecnologías de comunicaciones.
Dell, Xerox y AT&T Mobility Services también tienen o han celebrado contratos con ICE para servicios que van desde el suministro de impresoras hasta el servicio celular.
Muchas compañías están comenzando a darse cuenta de los llamados activistas a la responsabilidad corporativa.
Algunos bancos han comenzado a matar de hambre lentamente a la industria penitenciaria privada al limitar el acceso de la agencia al capital.
GEO Group, una de las compañías privadas de prisiones más grandes del país, ha perdido el apoyo de Wells Fargo, Bank of America y JP Morgan Chase.
Pues recientemente se han comprometido a dejar de financiar la prisión privada.
Pero esto es solo el principio. Los consumidores, trabajadores y organizaciones a través de la Campaña Nacional de Desinversión en Prisiones han despojado más de 5 mil millones de la industria.
Lo más probable es que todos estemos conectados de alguna manera con una empresa que se beneficia de los contratos con ICE.
“Pero juntos, podemos boicotear a estas compañías, desinvertir nuestros intereses y dejar de sacar provecho del abuso”, concluye la activista.
Con información de INM PRINT.
