Replantear la política de asilo, fortalecer las instituciones migratorias, enfrentar a las redes de contrabando, crear vías legales para la migración e invertir en desarrollo y seguridad pública son los puntos que México necesita atender para poder enfrentar la crisis migratoria, determinaron el Migration Policy Institute (MPI) y el Colegio de México a través de su más reciente estudio.
En su estudio, las organizaciones determinaron que durante los últimos seis meses, la migración de Centroamérica hacia México y Estados Unidos se ha disparado, al igual que las solicitudes de asilo en ambos países.
Esto provocó que los arrestos de migrantes originarios de Guatemala, Honduras y en menor escala, de El Salvador, se triplicaran durante mayo, comparado con cifras similares de un año atrás.
Este ascenso en el número de arrestos terminó en un acuerdo entre los gobiernos de México y Estados Unidos, a través del cual se establecieron varias medidas para reducir los flujos migratorios irregulares. Éstas incluyen:
- Incrementar el control migratorio en México;
- Llevar a cabo operaciones conjuntas contra el contrabando;
- Expandir los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP por sus siglas en inglés y conocidos informalmente como “Quédate en México”), un programa que envía a los solicitantes de asilo a México mientras esperan por su audiencia de asilo en Estados Unidos; y
- Comprometerse a abordar las causas fundamentales de la migración mediante inversión para el desarrollo en Guatemala, Honduras y El Salvador, los países del llamado Triángulo del Norte de Centroamérica.
Ambos gobiernos también pactaron considerar la negociación de un acuerdo de tercer país seguro en el futuro que requeriría que los solicitantes de asilo aplicaran en el primer país al que llegaran.
El gobierno mexicano aumentó las deportaciones en más de un 50 por ciento de mayo a junio (cifras preliminares indican un aumento de 14 mil a 22 mil aproximadamente), con la asistencia de la Guardia Nacional y del ejército al Instituto Nacional de Migración (INM).
A su vez, las detenciones en la frontera estadounidense cayeron un 29 por ciento, de 133 mil en mayo a 95 mil en junio. Por tanto, en primera instancia, parece que el acuerdo está cumpliendo con lo que ambos gobiernos se propusieron llevar a cabo.
Medidas no se pueden mantener
Debido a estos resultados, ambos organismos expresaron que estas medidas serán muy difíciles de mantener debido a la debilidad de las instituciones y a las estructuras de política pública poco planificadas en ambos países.
Esto terminará en un eventual aumento de los flujos migratorios, es por eso que deben replantearse las políticas e instituciones migratorias en las dos naciones.
Es por eso, que el MPI como el Colmex planteó cinco recomendaciones para que ambos países aborden la migración de una forma más eficaz, garantizando un proceso justo.
Replantear la condición de asilo
Los sistemas de asilo de Estados Unidos y México se han vuelto incapaces de distinguir entre aquellos migrantes que buscan protección y aquellos que no, ofreciendo poca protección.
A la fecha, los gobiernos de Estados Unidos y México han buscado abordar dicho problema con la implementación de los MPP, que obligan a los solicitantes de asilo a esperar en México, y los funcionarios estadounidenses han presionado a sus contrapartes mexicanas a aceptar un acuerdo de tercer país seguro que obligaría a los solicitantes de asilo a realizar su petición en México.
Sin embargo, los MPP son una iniciativa que emplea un gran número de recursos, ya que proporciona transporte y notificaciones a través de una frontera internacional, además de que establece un proceso separado de asilo para aquellos dentro del programa. Adicionalmente, litigios pendientes en cortes estadounidenses podrían interrumpir el programa y su expansión en la frontera de México y Estados Unidos.
México tendría grandes problemas para aplicar un acuerdo de tercer país seguro debido al pequeño tamaño de la agencia de asilo en dicho país, además, acuerdos similares en otras partes del mundo rara vez ofrecen los resultados esperados debido a las dificultades legales y logísticas que conlleva implementarlos.
Fortalecer las instituciones migratorias
Desde el año fiscal 2015, el gobierno mexicano ha deportado a más centroamericanos que Estados Unidos, y los actuales esfuerzos redoblados parecen tener un efecto palpable en el número de migrantes que llegan a la frontera de México y Estados Unidos.
Sin embargo, los esfuerzos de control migratorio por parte de México han sido siempre obstaculizados por la pobre institucionalización del INM y la habilidad de los traficantes para subvertir los mencionados esfuerzos mediante sobornos o confabulación con agentes migratorios.
El apoyo al INM con elementos de la Guardia Nacional, la Policía Federal, el Ejército y la Marina es una medida provisional en lugar de una solución de largo plazo.
El gobierno mexicano necesita restructurar su principal agencia de migración para abordar de manera efectiva el rango de funciones asociadas a la migración – aplicación de la ley, políticas de visados e integración de migrantes.
En la actualidad, el INM no realiza ninguna de estas funciones particularmente bien ni el gobierno mexicano ha invertido de forma significativa en ellas.
En el futuro, México necesitará crear servicio profesional de carrera para agentes de migración, con altos estándares de reclutamiento, entrenamiento, remuneración y desarrollo profesional e invertir en fuertes controles internos para prevenir la corrupción.
Asimismo, tendrá que invertir en programas de integración tanto para los extranjeros que llegan al país como para aquellos mexicanos que regresan, sea dentro de la misma agencia gubernamental o una distinta.
Una inversión de esta escala es posible ya que el INM obtiene grandes ganancias para el gobierno federal a través de los costos de visas, y es posible incrementar ligeramente estos costos y así permitir que la agencia mantenga estas ganancias adicionales.
Tanto Estados Unidos como México pueden beneficiarse de priorizar los planes de reintegración previos a la partida de los deportados. Mediante el trabajo con agencias gubernamentales y organizaciones internacionales para conectar a los deportados con programas de reintegración, por ejemplo, ICE y el INM pueden ayudar a algunos migrantes deportados a insertarse a sus países de origen e incrementar sus oportunidades de subsistencia para que sea menos probable que intenten migrar nuevamente.
Desarrollar un enfoque regional para enfrentar las redes de contrabando
Históricamente, los gobiernos de Estados Unidos y México han prestado poca atención a las organizaciones de contrabando de migrantes, a excepción de los traficantes de seres humanos y aquellos que desplazan a migrantes de países de interés especial, pero el aumento migratorio actual finalmente ha mostrado la complejidad de estas redes.
Los gobiernos necesitan empezar a compartir información e inteligencia sobre estas redes y desarrollar un mapeo sofisticado que permita ir no sólo tras los traficantes sino tras las operaciones logísticas y financieras que los apoyan, así como los vínculos a negocios legales, tales como compañías de autobuses y hoteles.
La atención prioritaria debe enfocarse en grupos de contrabando que realicen prácticas predatorias o aquellos que estén vinculados con grupos del crimen organizado.
Los gobiernos deben, a todo costo, evitar perseguir a grupos de la sociedad civil que proporcionan asistencia humanitaria a migrantes.
En última instancia, este enfoque necesita ser regional, involucrar a los gobiernos de países claves en Centroamérica, así como a Brasil, Ecuador, Panamá y Costa Rica.
Crear vías legales para la migración
Un conjunto sustancial de datos sugiere que proporcionar vías legales de migración reduce la inmigración irregular.
Incluso cuando la demanda exceda el número de visas disponibles, abrir oportunidades para trabajar de forma legal en el extranjero o para la reunificación familiar podrán persuadir a muchos migrantes potenciales a esperar su turno para obtener una visa en lugar de emigrar de forma irregular.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha expresado su deseo de crear una visa temporal para centroamericanos que deseen trabajar en México.
Sin embargo, la principal escasez de mano de obra en México está en zonas más alejadas, en el centro y norte del país, en particular en zonas de producción industrial y agricultura de exportación.
México carece de una visa de empleo efectiva para trabajadores poco cualificados o un mecanismo para conectar a posibles trabajadores centroamericanos con empleadores dentro de la economía formal.
Diseñar un programa de esta naturaleza requiere de un importante conocimiento y planeación, y puede proporcionar un área de cooperación entre los gobiernos de Estados Unidos y México, así como para empresas, grupos civiles y organizaciones internacionales.
En la actualidad, Estados Unidos tiene pocos mecanismos para la migración laboral de centroamericanos, particularmente trabajadores de baja calificación, además del programa de trabajadores temporales no-agrícolas H-2B, que tiene un cupo limitado, y el programa de trabajadores temporales agrícolas H-2A, que no tiene límite alguno, pero históricamente ha favorecido a migrantes mexicanos.
Como estos programas son dirigidos por empleadores, no hay una forma clara para incentivar que las empresas desarrollen redes de reclutamiento en Centroamérica.
Inversión en desarrollo y seguridad pública
Reducir las presiones migratorias en Centroamérica de una manera permanente requerirá cambiar las condiciones en la región para que la gente pueda tener una mejor calidad de vida y, en consecuencia, haya menos motivos para emigrar.
Mientras que las iniciativas de desarrollo toman un largo tiempo para tener un impacto en la migración, hay esfuerzos que pueden ayudar a abordar algunos de los factores impulsores de corto plazo proporcionando un grado de esperanza a aquellos que, de otra forma, emigrarían.
Estados Unidos y México pueden jugar un rol importante en brindar apoyo a los esfuerzos enfocados en abordar la corrupción y empoderar a los ciudadanos centroamericanos para la rendición de cuentas a sus gobiernos.
Hacia una agenda migratoria de largo plazo
Es positivo que México y Estados Unidos discutan temas migratorios de forma conjunta, pero hay una urgente necesidad de ir más allá de las medidas de control migratorio y comenzar a diseñar medidas de largo plazo que permitan que ambos países realicen una transición de migración irregular a legal dentro de la región.
