La Suprema Corte de Estados Unidos encontró el jueves que la administración Trump no dio una razón adecuada para agregar una pregunta sobre la ciudadanía al censo de 2020, bloqueando el requerimiento, al menos por el momento.
El tribunal dijo que la explicación del gobierno para agregar dicha pregunta es insuficiente, y la envió de vuelta a los tribunales inferiores para su posterior consideración. El fallo marca un revés para la administración, pero el problema aún no está resuelto.
El fallo indica que se presentó al tribunal “una explicación de la acción de la agencia que es incongruente con lo que el expediente revela sobre las prioridades y el proceso de toma de decisiones de la agencia”.
Este caso fue uno de los más observados del actual periodo de la Corte, Departamento de Comercio versus Nueva York, y exploró exactamente qué llevó a que el Secretario de Comercio Wilbur Ross decidiera incluir la pregunta en primer lugar.
La decisión se produce después de una decisión del Tribunal de Distrito de EE.UU. en el Distrito Sur de Nueva York, que dijo que la pregunta era impropia.
El asunto era si Ross actuó dentro de su autoridad cuando agregó la pregunta. Más específicamente, se cuestionó si violaba la Ley de Procedimiento Administrativo, que establece estándares sobre cómo las agencias federales realizan cambios, o la Cláusula de Enumeración de la Constitución, que dice que los representantes del Congreso están asignados a los estados según los números de sus poblaciones y “personas”.
Los opositores a la pregunta temían que, al preguntarles a las personas sobre su estado de ciudadanía, los inmigrantes tal vez no quieran responder y ser incluidos en el censo.
Esto daría como resultado que las cifras oficiales de población sean más bajas de lo que realmente son, lo que a su vez podría generar menos fondos federales y menos asientos en el Congreso en los distritos con una alta población de inmigrantes. Esos distritos tienden a favorecer a los demócratas.
