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Nuevas medidas migratorias son anticonstitucionales: IMUMI
Conexión Migrante | 19 junio, 2019
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Nuevas medidas migratorias son anticonstitucionales: IMUMI

El Instituto para las Mujeres en la Migración redactó una carta para denunciar cómo el gobierno pone en peligro la libertad de tránsito de población mexicana.

El Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) denunció las nuevas medidas migratorias, las cuales obligan a que las centrales de autobuses exijan una identificación oficial para los pasajeros que deseen comprar un boleto.

El IMUMI denunció que las medidas ponen en riesgo a cualquier persona que busque transitar por el país, lo cual va en contra del artículo 11, el cual dicta que todas las personas tienen el derecho a viajar por el territorio nacional, sin la necesidad de contar con un pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes.

El Instituto para las Mujeres en la Migración redactó una carta para denunciar el hecho y de cómo el gobierno pone en peligro libertad de tránsito de población mexicana.

“El anuncio de Flecha Amarilla y Autobuses de Oriente ADO es una muestra más de cómo el estado mexicano está restringiendo derechos a toda la población en México, además de otorgarle a empresas privadas facultades de control migratorio”.

La carta fue firmada por decenas de asociaciones y medios de comunicación y decía lo siguiente:

“A 12 días de la firma del acuerdo entre México y Estados Unidos para contener la migración centroamericana que transita por territorio nacional, se han implementado una serie de acciones administrativas que obstaculizan el libre tránsito, no sólo para esta población, sino también para las personas mexicanas.

El Estado mexicano está a tiempo de frenar estas medidas que ponen en riesgo a quienes habitamos y transitamos por el país.

El despliegue de 6 mil elementos de la Guardia Nacional, la presencia de la Marina, el Ejército Nacional, la Policía Federal y Estatal con el fin de realizar acciones de control migratorio, viola tanto la Constitución mexicana como la Ley de Migración que señala que sólo el Instituto Nacional de Migración podrá realizar estas acciones, a su vez que vulnera la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.

Este derecho se restringe por la Ley de Migración que permite a los agentes migratorios verificar la estancia migratoria de personas extranjeras. En el caso de personas con necesidades de protección internacional, esta medida obstaculiza su derecho al asilo, como lo señala el artículo 6 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, instaurando temor fundado de ser detenidas y deportadas si utilizan cualquier medio de transporte que les permita acercarse a los puntos donde pueden iniciar su trámite del reconocimiento de la condición de refugiadas.

No obstante, el pasado 16 de abril la Secretaría de Gobernación circuló un oficio a través del cual explica a las compañías de autotransporte de pasaje y turismo que prestan servicios en el país que deben apoyar el cumplimiento de la Ley de Migración, argumentando que muchos traficantes ocupan “los servicios de transportación terrestre de pasaje y turismo”.

Sin embargo, por ley las compañías de transporte únicamente tienen responsabilidad administrativa o penal si llevan a personas indocumentadas con conocimiento y con el propósito de evadir las leyes, y además lucran al hacerlo.

Si una persona indocumentada se sube a un autobús dentro de México y paga su boleto, eso no es responsabilidad de las compañías de transporte –no son autoridades para verificar el estatus migratorio.

Sin embargo, el día de ayer el Grupo Flecha Amarilla de autotransporte y Autobuses de Oriente ADO emitieron un anuncio al público en el que señalan que para abordar alguno de sus autobuses se les solicitará un documento de identidad (credencial del Instituto Nacional Electoral, Cartilla Militar, Pasaporte o Cédula Profesional, Licencia de Manejo) por disposición del gobierno federal, lo que es claramente inconstitucional por violar el derecho al libre tránsito, la garantía de privacidad, y la no discriminación.

No existe, en la práctica, ninguna identificación que acredite la identidad en México, pues no se ha cumplido con la implementación de la Cédula Única de Identidad que señalan la Ley General de Población y su Reglamento, tanto para personas adultas como para menores de 18 años de edad, quienes, bajo estas circunstancias tendrían que portar su acta de nacimiento para identificarse.

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Además, estas medidas excluyen a millones de personas que viven en México -que no cuentan con estos documentos- y transitan por las carreteras del país en los diferentes sistemas de transporte: jóvenes, personas jornaleras agrícolas –de las cuales, muchas son indígenas, inmigrantes con documentación migratoria, miles de personas mexicanas retornadas o deportadas que no cuentan con documentos de identidad, y aquéllas que no tienen su credencial del INE porque se las robaron, no lo han actualizado, etc.

Cabe señalar que de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, 89 millones de personas cuentan con su credencial, pero hay muchas que aún no la tienen a pesar de haberse registrado, así como un número indeterminado que no la han solicitado.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, sólo 10 por ciento del total de la población en México tiene pasaporte; y el uno por ciento de las personas que terminaron una carrera cuenta con cédula profesional”.

Más información: Miriam González Comunicación,

Instituto para las Mujeres en la Migración, AC [email protected]

Cel. 55 3733.5819

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