Este martes, el gobernador de California, Jerry Brown, aprobó una reforma a la ley del sistema de fianzas monetarias (money bail), la cual eliminará las fianzas por dinero, además otorgará más poder a los jueces para decidir quiénes deben permanecer en prisión a la espera de juicio.
La norma, que entrará en vigor el 1 de octubre de 2019, fue duramente criticada por organizaciones civiles como la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU) ya que no se asegura que los jueces dictaminen su sentencia con base en el perfil racial.
“No puede garantizar una reducción sustancial en el número de californianos detenidos mientras esperan juicio ni aborda suficientemente el sesgo racial en la toma de decisiones antes del juicio” declaró ACLU a través de un comunicado.
Por su parte, Brown destacó que la ley SB-10 reforma su sistema de fianzas para que los ricos y los pobres sean tratados por igual de forma justa.
Pues de acuerdo con el funcionario, la norma que la custodia del acusado dependerá de cuestiones como el riesgo para la seguridad pública o la posibilidad de que no se presente ante los tribunales “en lugar de su capacidad para pagar una fianza en efectivo”.
Por su parte, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de California, Tani Cantil-Sakauye, añadió que el viejo sistema de fianzas con dinero estaba desfasado y era inseguro e injusto.
Especialistas acusan que el sistema de fianzas monetarias ha generado graves consecuencias dramáticas para los segmentos más pobres de la población. Excepto en los delitos más graves, cuando un detenido se presenta ante el juez tiene derecho a salir en libertad bajo fianza mientras espera el juicio. Esa fianza se entiende como garantía de que la persona se presentará al juicio y se devuelve cuando efectivamente se presenta.
La generalización de esta práctica ha hecho que aquellos que no pueden permitirse una fianza típica de 5 mil o 10 mil dólares se vean abocados a la cárcel.
Con información de agencias
