Un migrante ecuatoriano que fue detenido con fines de deportación luego de entregar una pizza en una base del Ejército de Estados Unidos en Brooklyn salió en libertad horas después de que un juez ordenó soltarlo de inmediato.
Pablo Villavicencio salió del centro de detención poco antes de la 9 de la noche del martes, siendo recibido con eufóricos abrazos de su esposa e hijas pequeñas. El ecuatoriano gradeció a sus partidarios y a la prensa, antes de ser llevado en una SUV.
El juez federal Paul Crotty ordenó que Villavicencio, quien había estado confinado en un centro de detención de Nueva Jersey, puede permanecer en Estados Unidos mientras dure su proceso para obtener status legal.
“Aunque permaneció en Estados Unidos de forma ilegal y actualmente está sujeto a una orden final de deportación, ha sido un ciudadano ejemplar”, escribió el juez.
El ecuatoriano solicitó permanecer en Estados Unidos luego de que se casó con una ciudadana estadounidense, con quien tiene dos niñas. El juez mencionó a las menores y dijo que son ciudadanas estadounidenses.
“No tiene antecedentes penales”, escribió el juez. “Ha pagado sus impuestos. Ha trabajado de manera diligente para mantener a su familia”.
El gobierno federal, que había solicitado que el caso se trasladara de Nueva York a Nueva Jersey, no ha comentado sobre la decisión del juez.
Adriene Holder, abogada a cargo del fuero civil en Legal Aid Society, dijo que “el derecho, la humanidad y la moralidad” prevalecieron y que la familia Villavicencio al fin “ha recibido una dosis crucial de alivio de su pesadilla de 53 días”.
“Esta decisión debería servir como una reprimenda contra el gobierno del presidente Trump y su cruzada implacable para separar a las familias” migrantes, indicó Holder en un comunicado.
El juez emitió el fallo después de escuchar argumentos el martes, cuando puso en aprietos a un abogado del gobierno sobre el esfuerzo de las autoridades de inmigración para hacer cumplir una orden de deportación de 2010 y cuestionó la necesidad de detener y deportar rápidamente a Villavicencio, de 35 años.
“Los poderosos están haciendo lo que quieren y los pobres sufriendo lo que deben”, dijo Crotty tras escuchar al fiscal federal Joseph Cordaro defender las acciones del gobierno.
“Quiero decir, ¿hay algún concepto de justicia aquí o estamos simplemente haciendo esto porque queremos?”, preguntó el juez. “¿Por qué queremos hacer cumplir esta orden? No cambia nada en términos de los asuntos importantes que afectan al país”.
Cordaro argumentó que la causa debería ser transferida a Nueva Jersey porque Villavicencio está detenido allí. Dijo que los precedentes legales así lo dictan, pero el juez rechazó ese argumento.
El caso ha atraído amplia atención púbica en medio de la batalla del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal.
El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo una declaración que el gobierno federal ha separado “cruelmente” a Villavicencio de su esposa y dos hijitas “sin razón legítima”.
Villavicencio fue detenido el 1 de junio luego que un examen rutinario de antecedentes reveló que tenía pendiente una orden de arresto por violaciones de inmigración.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas dijo que un juez de inmigración ordenó a Villavicencio salir voluntariamente del país en marzo del 2010, pero que éste no lo cumplió.
Un juez federal en Nueva Jersey ya había bloqueado antes temporalmente la deportación de Villavicencio.
