Las demoras de las autoridades estadounidenses para implementar una serie de reformas durante el último año de la administración de Barack Obama han puesto a los menores migrantes en peligro, pues podrían caer en manos de traficantes.
De acuerdo a un reporte publicado por The Associated Press y a Univisión, los primeros indicios de este problema datan de 2014, cuando las autoridades fronterizas detuvieron a un total de 46 mil niños indocumentados no acompañados.
Esta cifra había ido en aumento, pero fue hasta ese momento que las autoridades reconocieron la crisis.
La mayoría de los inmigrantes de la oleada provenían del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) y huían de sus países por culpa de la violencia.
En 2016 el verdadero problema inició, luego de que el gobierno revocara políticas de bienestar infantil que protegían a los menores no acompañados que huían de la violencia.
Al respecto, varios legisladores reclamaron que las agencias encargadas de velar por el cuidado de menores migrantes aún no han determinado quién se encargará de ellos mientras sus casos de asilo sean resueltos.
Debido a esto Human Rights Watch junto a otras organizaciones de derechos humanos, exigieron al gobierno poner fin a la política de deportaciones que en ese momento estaba separando a familias que huyen de la violencia.
Sin embargo, bajo el gobierno de Donald Trump, la situación en la frontera ha empeorado y la situación no pinta bien para los menores.
Aumentan casos de separación familiar en la frontera
En tanto, la separación de las familias tras su detención en la frontera de México y EU parece haberse convertido en una nueva arma del Gobierno de EU para disuadir la entrada de indocumentados, según expertos y defensores de los inmigrantes.
De acuerdo con Enrique Morones, fundador y director de Ángeles de la Frontera, los padres de familia se muestran temerosos porque no saben cuándo les van a devolver a sus hijos, que no están protegiendo a sus niños por traerlos en un camino tan peligroso y que los van a entregar a los servicios sociales.
Morones añadió que las instituciones policiales de los Estados Unidos no son racistas en sí mismas pero, en su opinión, si tienes un jefe que sí lo es, aquellos agentes que sí son racistas se sienten con “más poder, más respaldados” ante su conducta.
Con información de agencias.
