La administración de Donald Trump sufrió otro revés, luego de que el pasado viernes un juez federal negara una apelación del Departamento de Justicia, por lo que mantiene su dictamen que bloquea, en todo el país, las nuevas reglas del Gobierno para asignar fondos federales a las ciudades santuario.
El juez de distrito, Harry Leinenweber, negó la apelación presentada el pasado 26 de septiembre por el Gobierno, que pretendía aplicar el bloqueo solamente en Chicago, por lo que la ciudad que presentó una demanda federal al considerar que el fiscal federal Jeff Sessions excedió su autoridad al imponer nuevos estándares para la concesión de fondos.
El argumento de los abogados del Departamento de Justicia fue que era injusto castigar con un bloqueo general a más de mil departamentos policiales que dependen de la subvención Edward Byrne Memorial Justice.
De acuerdo con el juez, la aplicación de la ley sería “socavada” si se le permitiera a Sessions continuar su conducta inconstitucional en el resto del país.
El magistrado dictaminó que Chicago sufriría un daño irreparable en sus relaciones con la comunidad inmigrante si cumpliera con los nuevos estándares del Departamento de Justicia.
El bloqueo continúa aplicándose en todo EU, ya que hay 600 ciudades y condados que ofrecen santuario a los inmigrantes indocumentados.
Sin embargo el Gobierno no se ha rendido, ya que alista otra apelación ante la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito de Chicago.
Por su parte, el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, festejó la el fallo y, a través de un comunicado, recordó que la batalla no ha terminado.
En tanto, el Departamento de Justicia anunció que envió cartas al Departamento de Policía de Chicago y a la Junta de Comisionados del Condado de Cook con una advertencia sobre la violación de leyes federales de inmigración en 2016, cuando recibieron la subvención.
Las cartas dan un plazo hasta el 27 de octubre para que prueben lo contrario, antes de que el Gobierno tome una decisión final sobre el tema.
Sessions anunció en julio que se negarían los fondos porque las ciudades santuario “no cumplen voluntariamente” con la ley federal que obliga a los gobiernos locales a compartir con las autoridades federales información sobre el estatus migratorio de las personas bajo su custodia.
