Desde que fue elegido como Gobernador de Texas, Gregg Abbott se ha distinguido por sus posturas antiinmigrantes. Recién electo a la gubernatura, metió una demanda y, en los hechos, detuvo la orden ejecutiva de Obama que otorgaba protección a padres de ciudadanos o residentes estadounidenses (DAPA). Abbott ha amenazado con retener fondos a jurisdicciones que se declaren santuario desde inicios de su gobierno (como Dallas o Houston). Por ejemplo, en 2015, el gobernador y la legislatura intentaron pasar una primer ley contra las ciudades santuario, que implicaría la retención de fondos a las jurisdicciones que se declararan como santuario.
Con estos antecedentes, finalmente el pasado domingo 7 de mayo, el Gobernador de Texas, Gregg Abbot firmó la ley SB4 aprobada por la legislatura de Texas la semana previa. Esta ley se conoce como una ley antisantuario. El acta legal obliga a agencias policiacas locales, incluidas policías universitarias, a cooperar con las autoridades federales en tareas de vigilancia migratoria como es checar el estatus migratorio de detenidos y reportarlos a la agencia migratoria (ICE).
El elemento más grave y novedoso en esta ley es que penaliza a los agentes que se rehúsen a realizar tareas de vigilancia migratoria con una falta menor (misdemenour) que implicaría una multa de $400 dólares o 1 año de prisión, además de la pérdida del puesto oficial. Así, esta ley elimina el elemento de discrecionalidad que muchas policías han usado para concentrarse en su trabajo de proteger a las comunidades que sirven y deslindarse de realizar tareas de vigilancia migratoria—que la mayor parte de las policías no consideran como parte de su trabajo, y que les significa una carga presupuestal que no pueden solventar.
Igualmente preocupa que se incluya en esta ley de manera específica a las policías de los campus universitarios. Este punto en gran medida se debe al movimiento santuario en universidades que se ha dado en Estados Unidos como respuesta contra las acciones antiinmigrantes de la administración Trump. Para Abbott y la legislatura texana, las universidades no pueden estar exentas de estas tareas de vigilancia migratoria. Sin duda, este punto tendrá graves consecuencias si se aplica. Se espera se lleve a las cortes.
Para ACLU, esta nueva ley, llevará con toda certeza a que se violen los derechos civiles de las personas, incluidos ciudadanos. Así, en la calle, en la universidad, en el trabajo, todos los habitantes de Texas—y los visitantes—que entren en contacto con autoridades policiacas podrán ser cuestionados sobre su estatus migratorio, su ciudadanía y su pertenencia a la comunidad.
Así como Texas aprueba esta semana la SB4, existen otros estados en Estados Unidos que ya cuentan con leyes antisantuario o que están considerando alguna versión de la misma. Por ejemplo, Carolina del Norte en 2015 aprobó la ley HB 318, Georgia en 2009 prohibió las ciudades santuario y en 2016, con la SB 269, exige a jurisdicciones locales comprobantes de acuerdos de cooperación con el gobierno federal para poder recibir fondos del gobierno estatal. Georgia resalta también porque en abril del presente año el gobernador del estado firmó la ley HB 37contra los Campus Universitarios Santuario.
Asimismo hay estados como Arkansas (SB 14, 2016-2017) donde las iniciativas antisantuario no han tenido éxito. Sin embargo, a la vez que se puede observar que el movimiento antisantuario avanza a nivel local, también existen las fuerzas prosantuario que han estado presentes por varios años alrededor de Estados Unidos tanto a nivel de ciudades—como San Francisco, Nueva York, Los Angeles, Seattle—como a nivel estatal como la actual discusión en California. El siguiente mapa es una muestra de este movimiento prosantuario:
