Aunque USCIS culpó a la crisis sanitaria por su situación económica, la agencia gastó miles en premiar a los promotores de la nueva ley de carga pública
A pesar de la crisis económica por la que atraviesa el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), sus directivos gastaron miles de dólares en fiestas y bonos para los empleados que trabajaron en las “draconianas” reglas de carga pública, revelaron las organizaciones Make the Road New York y el Center for Constitutional Rights.
A través de un comunicado, las organizaciones explicaron que esta información la obtuvieron vía FOIA.
La nueva regla de carga pública, adoptada en agosto de 2019, penaliza a los migrantes que acceden a ciertos beneficios públicos o los necesiten.
Además, las organizaciones remarcan que la nueva regla discrimina a los inmigrantes por su riqueza, raza, país de origen, habilidades lingüísticas o estado de discapacidad.
Fue el 15 de mayo cuando el jefe interino del USCIS, Joseph Edlow, anunció que la agencia podría enfrentar una severa crisis financiera.
Además de culpar a la pandemia, Edlow solicitó al Congreso 1.2 mil millones de dólares para que la agencia pudiera continuar con sus operaciones.
La situación llegó a tal nivel, que USCIS llegó a amenazar con despedir a 13 mil empleados.
Aunque la agencia culpó a la crisis sanitaria por su precaria situación económica, especialistas coincidieron que sus problemas eran por los malos manejos del gobierno.
Aunque el fin del Servicio de Ciudadanía e Inmigración es realizar trámites, Trump decidió transformarla en un organismo de “investigación” y “detección de fraude”.
A pesar de que el 90% de los recursos obtenidos por la agencia son por el pago de trámites migratorios, la agencia insistió en limitar beneficios.
A esto se suma que la agencia nunca implementó políticas de ahorro, a pesar de su “crisis financiera”.
Tan sólo en marzo de 2018, la agencia estableció bonos por 8 mil 750 dólares, de una bolsa de 66 mil 593 mil dólares.
Además, a estos bonos se suman gastos por alimentos de almuerzos.
Aunque el reporte obtenido vía FOIA protege varios detalles (como nombres de funcionarios y el dinero gastado), se puede saber en qué se gastó.
Como respuesta a la acusación de las organizaciones civiles, USCIS dijo que cada año hay un programa que premia con bonos a ciertos funcionarios.
Con información de La Opinión
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