Ya es común ver que todo lo que toca el gobierno federal se convierte o en un desastre, o en un desorden o en una equivocación. Y eso es precisamente lo que está sucediendo con el caso de los 109 fideicomisos que el gobierno quiere extinguir mediante una decisión de la Cámara de Diputados.
Lo que el gobierno desea, en realidad, no es obtener más dinero.
Pues esos recursos ya están en manos del gobierno a través de secretarías o de organismos federales.
Lo que quieren es conseguir dinero cuyo gasto sea discrecional y oscuro, al contrario de lo que sucede hoy con los fideicomisos, cuyo gasto ha estado vigilado por la Auditoría Superior de la Federación.
Es decir, los 68 mil millones de pesos que el gobierno pretende obtener no es “dinero fresco”.
Se trata solo de cambiar de lugar esos recursos y pasarlos, de los fideicomisos, administrados en su mayor parte por las Secretarías de Estado.
Así como a la bolsa de la Tesorería de la Federación.
Por otra parte, de los 109 fideicomisos que quieren desaparecer, once concentran el 83.1% del total de los recursos; es decir, 56,864.8 millones de pesos.
Estos los controlan las secretarías de Economía, Hacienda, Gobernación y Energía-Conacyt.
Hay otros 35 fideicomisos y fondos, que nacieron por convenios con entidades federativas y municipios.
Estos se manejan a través del estado y el Conacyt y donde hay 4 mil 282 millones de pesos, apenas el 6.1% del total.
Desaparecerlos creará un conflicto con las 32 entidades, cuyos convenios en esos instrumentos son de diversa naturaleza.
Esto dificulta su extinción, además de que los Estados no estarán nada contentos con la decisión.
Luego, hay 26 fideicomisos con centros públicos de investigación, como el CIDE y el CIMAT, donde hay 784 millones de pesos, apenas el 1.1% del total y cuya extinción representa un golpe a la investigación.
¿Qué pasará con el dinero de los fideicomisos?
Como si fuera poco, es probable que el gobierno no obtenga los 68 mil millones de pesos que están en los fidecomisos.
Ya que la mayor parte de esos fondos son recursos ya comprometidos para un fin específico.
Esto significa que el gobierno tendrá que seguir ejerciendo dicho gasto, ahora ya sin el fideicomiso correspondiente.
Desaparecer los fideicomisos es una decisión torpe que no le trae al gobierno ninguna ventaja sino que lo obliga, en algunos casos, a pelearse con las 32 entidades; en otros, a seguir ejerciendo el mismo gasto, solo que sin el fideicomiso, lo que significa que cada año deberá obtener la aprobación de los diputados para hacer dicha erogación.
Por ejemplo, hay un fideicomiso manejado por Hacienda y Nacional Financiera, para el pago de las pensiones y atención médica del sistema Banrural.
Ese gasto se tendrá que seguir haciendo; pero sacarlo del fideicomiso significa que cada año, la Cámara de Diputados apruebe dicho gasto.
Al contrario de lo que se ha tratado de vender a la opinión pública, el gasto vía los fideicomisos es un gasto fiscalizado y transparente, y ejercido para propósitos bien definidos.
Una vez más, nadie se atreve a explicarle al Primer Mandatario el error que está cometiendo.
Los secretarios prefieren acatar ciegamente las órdenes en lugar de defender lo que es correcto.
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