Por negarse a cumplir un mandato judicial para proteger a los migrantes y a los solicitantes de asilo, el titular del Instituto Nacional del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, podría ser encarcelado junto al el director general de Control y Verificación Migratoria, Antonio López Díaz.
Fue el pasado 17 de abril cuando el juez Arturo Israel Domínguez Adame estableció 11 medidas para proteger a los migrantes y solicitantes de asilo.
De acuerdo con Domínguez Adame, el INM estaba obligado a proteger la vida y salud de las más de 2 mil personas bajo su custodia.
Entre las medidas estipuladas por el juez destacan:
- Liberar a las personas dentro de las estaciones migratorias que son parte de grupos vulnerables
- Otorgarles una estancia regular en el país que incluya acceso a la salud
- Elaborar un informe detallado sobre el número de migrantes que se encuentran en sus estaciones migratorias, señalando sus condiciones de vulnerabilidad
- Establecer una estrategia para que la población migrante y solicitante de protección internacional sean beneficiarias de apoyos económicos
- Garantizar que ninguna niña, niño o adolescente se encuentre detenido, pues ellos no deben de estar en las estaciones migratorias de acuerdo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
INM no cumple con orden para proteger a personas vulnerables
Sin embargo, a casi cuatro meses de haberse emitido la resolución el Instituto Nacional de Migración no ha cumplido con la orden de los jueces.
Es por eso que el pasado 3 de agosto, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito, Vicenta Margarita González Vega, y el secretario, Jair Sandoval Jiménez, resolvieron que, tienen hasta el 6 de agosto de 2020 para cumplir con la orden.
Francisco Garduño y Antonio López tienen 24 horas para requerir el cumplimiento a las dependencias correspondientes y tres días posteriores para demostrar que cumplieron.
En caso de negarse, los funcionarios serán denunciados ante el Ministerio Público Federal por el incumplimiento de una resolución judicial.
La protección de migrantes es gracias a organizaciones civiles
Fue el 16 de abril de 2020 cuando más de 40 organizaciones de la sociedad civil redactaron un amparo que fue presentado en el Juzgado de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México.
Esto por las omisiones del gobierno para salvaguardar la salud física y emocional de los migrantes y solicitantes asilo detenidos en custodia del INM.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran, Sin Fronteras, IAP, el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C, entre otros.
