Este lunes se venció el plazo para que Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM) y Antonio Molina Díaz, director general de Control y Verificación Migratoria, respondan a las acusaciones de desacato judicial.
“Segob remitió el informe del cumplimiento a lo resuelto el 3 de agosto. Aunque refiriendo que no es de su competencia lo ordenado por el JD para establecer una estrategia para personas en contexto de movilidad accedan a los programas sociales existentes”, dijo María Fernanda Rivero Benfield de Sin Fronteras IAP, en entrevista para Conexión Migrante.
La encargada de llevar el caso es la jueza Vicenta Margarita González Vega. Ella pertenece al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México.
La jueza asegura que los funcionarios del INM incumplieron una resolución emitida en abril pasado a favor de migrantes encerrados en las 58 estaciones migratorias de México.
“Si bien está a cargo de formular y dirigir la política migratoria, señala que la Secretaría encargada de programas sociales es la Secretaría del Bienestar. Es importante señalar que la jueza aún no ha dicho si esto está bien o mal… Se reservó para pronunciarse”, añadió Rivero Benfield.
Cabe destacar que en septiembre del año pasado, se creó la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria, la cual está a cargo del canciller Marcelo Ebrard.
La comisión estará conformada por los titulares de 16 dependencias de gobierno. Entre ellas las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE), Gobernación (Segob), Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Hacienda y Crédito Público (SHCP), Salud (SSA), Bienestar, Trabajo y Previsión Social y Turismo.
