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Pritzker firma La Ley de Protección de Inquilinos migrantes de Illinois; cada violación tendría multa civil de hasta 2 mil dólares

Pritzker firma la La Ley de Protección de Inquilinos de Illinois; cada violación tendría multa civil de hasta 2 mil dólares
La Ley de Protección de Inquilinos de Illinois permitiría a las personas demandar a sus propietarios por usar su estatus migratorio como armas de represalia, y cada violación podría resultar en una multa civil de hasta 2 mil dólares

El gobernador J.B Pritzker, firmó una nueva ley que protege a migrantes indocumentados que alquilan propiedades en Illinois.

Lo que se pretende con esta nueva ley es que los propietarios de viviendas no desalojen o se aprovechen de los inquilinos por su estatus migratorio.

Con la nueva ley se protegerá a migrantes que rentan alguna propiedad ya que muchas veces son víctimas de estafas o ellos mismos tienen que reparar lo que se dañe en el hogar, debido a sentimientos de miedo.

“El arrendador respondería diciendo que no podrían hacerlo y que, básicamente, si se lo mencionan a alguien en la ciudad, el arrendador revelaría su estado migratorio o llamaría a ICE”, dijo la abogada de inmigración Rocío Velázquez.

California y ahora Illinois son los dos estados en todo el país en poner en marcha dicha ley, y cabe mencionar que en sus vecindarios habitan miles de migrantes indocumentados.

“Mientras nuestro presidente xenófobo golpea un clima de miedo, mientras Illinois se enfrenta a él con nuestro firewall. No nos quedaremos en silencio”, dijo el gobernador de Illinois, JB Pritzker.

Además, dijo también que con la nueva ley se evitaría que los propietarios se aprovechen y chantajeen a los inquilinos indocumentados.

“Impide que los propietarios tomen represalias, desalojen o incluso amenacen con tomar estas medidas contra los inmigrantes indocumentados que denuncian violaciones del código o solicitan el mantenimiento del hogar”, dijo la senadora Cristina Castro.

La Ley de Protección de Inquilinos de Illinois permitiría a las personas demandar a sus propietarios por usar su estatus migratorio como armas de represalia, y cada violación podría resultar en una multa civil de hasta 2 mil dólares.

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