Muchos migrantes deportados de EEUU están siendo rechazados en sus comunidades de origen. Algunos han sido agredidos o amenazados. Esto ya se convirtió en una historia frecuente de países como Guatemala.
La campana de la comunidad guatemalteca de Santa Catarina Palopó repicó varias veces para convocar a la gente a la plaza aquel domingo 19 de abril. Eso sólo ocurre cuando hay una emergencia.
Decenas de personas se juntaron antes de que el toque de queda fuera efectivo cuando se enteraron del retorno de un migrante deportado desde Estados Unidos.
A sus 19 años, Carlos Cumes pasó mes y medio en cuarentena en un centro de detención estadounidense. Allí le hicieron la prueba de Covid-19. Salió negativa. El propio Ministerio de Salud guatemalteco le certificó el resultado después.
Pero el revuelo en el pueblo continuó ese domingo hasta las siete de la noche, cuando entró una ambulancia con él a la comunidad. Reinaba el miedo.
En el canal de televisión local, desde el cual se transmitió en directo la llegada de Cumes, se pudo ver a los bomberos vestidos con trajes plásticos, enormes lentes y mascarillas como si fuese aquella una película.
Era el regreso del joven lanchero que salió, como miles cada año en Guatemala y Centroamérica, a buscar una mejor vida en suelo estadounidense.
Ahora es el retrato de otra realidad: el rechazo que los deportados están sufriendo en sus lugares de origen.
Según el gobierno estadounidense, los migrantes deportados sumaron 20 mil 860 de distintas nacionalidades entre marzo y abril, justo cuando los casos de coronavirus aumentaron en la región.
Al llegar a sus comunidades, en algunos casos fueron tratados como apestados.
El hermano de Carlos, Juan Cumes, cuenta:
Él venía ya con sus papeles, pero las personas no se quedaron conformes. Nos dijeron que nos iban a linchar igual a mi hermano y a toda la familia.
Al no poder llegar a su vivienda, la policía lo llevó a la capital, a un hospital destinado para enfermos de Covid-19. De ahí lo enviaron al centro médico de Sololá, en la cabecera departamental de Santa Catarina Palopó, donde debía finalizar la cuarentena.
Pasados quince días de aquel episodio, las cifras oficiales explican el miedo colectivo que generó Cumes. Según los datos reportados hasta inicios de mayo, 103 de un total de 630 casos positivos de coronavirus registrados en el país centroamericano correspondieron a migrantes deportados.
Así que esa tarde de abril, mientras el vehículo zigzagueaba para llegar a la casa de Cumes, algunos vecinos fueron a la vivienda del alcalde y otros protestaron frente a la municipalidad, porque querían que se prohibiera su ingreso a la localidad.
Escenas de repudio contra los migrantes deportados se repitieron en Suchitepéquez. El 7 de abril, las autoridades de esta comunidad negaron la entrada a dos personas que llegaron deportadas desde México, pese a que también se les realizó la prueba médica y tampoco tenían síntomas.
Como ocurrió con Cumes, los vecinos de estos nuevos deportados tampoco los dejaron ingresar. Fueron llevados a otro centro hospitalario en la ciudad, para que ahí cumplieran su cuarentena.
En estos casos, la propuesta del gobierno del médico Alejandro Giammattei ha sido ubicar a los migrantes deportados en hospitales, hoteles o en albergues temporales para alejarlos del resto de la comunidad.
Poco a poco, la pandemia se ha convertido en otro muro para los migrantes que ya enfrentaban férreas restricciones desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asumió el gobierno en 2017.
Foto: La Verdad Juárez
El impacto económico de la deportación
Según Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano (un centro de análisis que promueve la gobernabilidad democrática, la prosperidad y equidad social en América Latina), el 20% de la fuerza laboral en Estados Unidos son migrantes.
En los últimos años, la Casa Blanca ha promovido la política de “America First”, en la que la migración es vista como una amenaza.
En pleno aumento de casos por la pandemia, el gobierno estadounidense modificó el título 42 del código relativo a la Salud Pública y Bienestar Social. Con esto, se permite la expulsión de extranjeros a su último país de tránsito, dado el “riesgo que representan para la salud”.
Esa nueva reglamentación, sumada a otras medidas migratorias, permitió la deportación masiva con el consentimiento de países como México, Guatemala, El Salvador y Honduras.
A finales de abril, el gobierno norteamericano reconoció el contagio de 297 migrantes en centros de detención. Esto se tradujo en preocupación para las comunidades de origen de los migrantes, como muestra la historia de Cumes.
El impacto económico de la pandemia, que incluye a los migrantes y sus familias, es objeto del interés de los expertos de este tema en la región.
En un documento sobre el impacto económico de las remesas, Manuel Orozco explica que la recuperación de los migrantes es crítica para el envío de remesas y el crecimiento económico de sus países de origen.
Para el especialista, el efecto económico de la pandemia tiene varias facetas. Una de ellas son los costos del tratamiento médico. Otra es el efecto del desempleo que, según sus consideraciones, se refleja en una pérdida grande de puestos.
Orozco estima que al menos el 13% “de la fuerza laboral migrante total de América Latina y el Caribe en los Estados Unidos perderá sus empleos”. Esto equivale a 3 millones 9 mil 365 trabajadores.
Además, él considera que el impacto será drástico en las remesas, dado que el potencial del desempleo puede durar más de nueve meses desde marzo:
Una caída del 20 por ciento en las remesas se traduce en una disminución de 17 mil millones de dólares en las remesas no enviadas y de 4 a 5 millones de hogares que no reciben.
De acuerdo con su visión, es importante tener en cuenta que los flujos hacia América Latina y el Caribe se originan en EEUU (75%, 50% de las migraciones). Del 10 al 30% se originan en la propia región. Mientras, Europa y el resto del mundo equivalen al 15 o 20%.
Daniel Villafuerte, economista del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA), dijo en entrevista para este reportaje que, en el marco de la crisis provocada por el Covid-19, el escenario para los migrantes será más crítico:
En los próximos meses, se reducirá el monto de las remesas familiares debido a la recesión en Estados Unidos. Las medidas de control en las fronteras se endurecerán aún más, y la violencia en los países de origen tenderá a agudizarse debido a que la opción de dejar el terruño se verá más restringida.
Migrantes en los albergues
Quienes quedaron varados en la ruta del viaje a EEUU viven ahora un momento más difícil que cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia el 11 de marzo.
Hasta mediados de ese mes, era accesible llegar a algún punto de los 948 kilómetros de la frontera sur de México, con Guatemala y Belice, ya fuera para continuar rumbo al norte o para regresar al país de origen.
Para finales de abril la situación dio un vuelco. En ese momento se podían contar con los dedos de las manos a las personas migrantes que podían hacer el camino de ida o vuelta.
Desde marzo, los países centroamericanos fueron cerrando sus fronteras como medidas para prevenir los contagios, a excepción de Nicaragua. Guatemala prohibió el tránsito de personas entre los distintos departamentos, y en la línea fronteriza con México, las garitas migratorias también fueron cerradas.
A la par, el ejército guatemalteco sigue realizando rondines para “persuadir” a quien intenta entrar ilegalmente.
Los militares observan la frontera que conforma el río Suchiate, de 161 kilómetros de longitud. Se centran en las balsas donde antes cruzaban migrantes, las cuales ahora sólo transportan mercancía y personas que viven en los poblados colindantes.
Durante un recorrido, realizado para contar esta historia, se pudo encontrar a cuatro mujeres migrantes sentadas en una banca improvisada en interior del albergue “Jesús el Buen Pastor”, en la colonia popular de Tapachula. A su alrededor, niños y niñas corren, mientras algunos hombres juegan cartas para matar el tiempo. Otros sólo se sientan a mirar sus teléfonos. Hay dos ancianos.
Antes del cierre de las fronteras, en este lugar hubo 800 personas. Hoy son sólo 250.
Hay cuartos y oficinas alrededor de un patio central. Son los migrantes quienes mantienen limpio. Aquí hay historias de historias.
El 28 de abril entró un hombre procedente de Guatemala (uno de los pocos que han podido esquivar retenes y vigilancia). La encargada del lugar dice que llegó al refugio el mismo día que cruzó la frontera. Iba muy golpeado, huyendo de una situación de violencia que lo hizo arriesgarse en medio de tantas restricciones.
La mayoría no se identifica por completo cuando se les dice que es para una entrevista. Algunos aceptan sólo mencionar su nombre, excepto dos mujeres consultadas. Nolvia Maribel Flores, originaria de Honduras, es una de ellas.
Nolvia atravesó la frontera a mediados de marzo, apenas dos días antes que cerraran los cruces.
Otras dos, Jenny y Zoila, llevan poco más de dos meses en el albergue. Una más, Alma Iris Rugama Gónzalez, originaria de Nicaragua, dice que buscó refugio en este lugar desde agosto de 2019.
A estas mujeres y a sus compañeros de albergue les llegan las malas noticias de sus comunidades de origen sobre el impacto del Covid-19.
Me dijo (mi hija): mira mami, que ya hay más de 60 contagiados y no podemos salir a la calle,
relata Flores quien, como los otros migrantes, vio también cómo las restricciones se fueron endureciendo en México.
Zoila recuerda que un día les dijeron que iban a cerrar el albergue para evitar contagios. Muchos se fueron, pero a otros, como ellas, les permitieron quedarse porque no tenían adónde ir.
Cada atardecer, todos se acomodan para dormir en colchonetas, en el piso, en literas, dónde se pueda.
Entre los problemas que tienen, ya comienza a escasear el alimento. Las donaciones disminuyeron, y, sin recursos suficientes para comprar su propia comida, crece la preocupación.
También tienen miedo al contagio. Las habitaciones no son tan espaciosas como para mantener el distanciamiento social que recomiendan los expertos.
El albergue es apenas una muestra de lo que viven. Otros migrantes van cada día hasta las oficinas del Instituto Nacional de Migración para evaluar su situación. Varios de ellos se aglomeran en estas oficinas estatales, pero les dicen que les enviarán la respuesta por correo electrónico. El sitio es siempre frecuentado por militares.
El guatemalteco Anderson Lima luce desesperado. Lleva dos semanas visitando las dependencias gubernamentales. Un día lo hizo desde las cuatro de la mañana, pero fue en vano. “¿Sabe cuánto va a durar esto? ¿Cuándo va a acabar la pandemia?”, pregunta. Insiste.
No lo dice así, pero él espera un milagro:
Estoy rentando un cuarto, pero ya se acabó el dinero y debo seguir para enviar (dinero) a mis hijos aunque sea unas mil lempiras (40 dólares).
Anderson dice que ‘cuando esto acabe’, va a seguir al Norte, “aunque sea a Monterrey (noreste de México), porque allá sí hay trabajo”.
Rechazo hacia los deportados
La presencia de los deportados desde EEUU, que se encuentran varados en la frontera, también ha provocado algunas tensiones en poblados como Talismán, una comunidad rodeada de montañas, ubicada en la línea que divide México con Guatemala.
Al amanecer del 8 de abril, nueve autobuses con alrededor de 480 migrantes se estacionaron a unos 300 metros del puente fronterizo con Guatemala. Encontraron cerrada la frontera por policías y militares de ese país.
Estas personas habían protagonizado reclamos a las autoridades migratorias en al menos cuatro estaciones desde una semana antes. Ellos demandaban ser llevados a sus países de origen.
El caso más destacado de estas protestas ocurrió el 31 de marzo. Un migrante de Guatemala, que viajaba con su esposa y un hijo, murió asfixiado en la estación de Tenosique, Tabasco, cuando otros migrantes prendieron fuego a los colchones.
La Secretaría de Gobernación de México informó estos hechos en un comunicado:
Alrededor de las 19:45, un grupo de hombres-en su mayoría originarios de Honduras– (…) incendió colchonetas como medio de presión para exigir el retorno a su país de origen, tras el cierre de fronteras derivado de la contingencia sanitaria.
El ocho de abril, ante la imposibilidad de volver a sus países, un grupo de los 480 migrantes deportados empezó a caminar rumbo al centro del poblado de Talismán. Eso encendió las alarmas entre la población local, quienes les cerraron el paso.
Llegó la Policía, el Ejército Mexicano, “y gracias a Dios pudimos regresar a esas personas (…) desconocemos si los migrantes vienen enfermos. El acuerdo es no permitir el paso de estas personas”, dijo Virgilio Castillo.
A partir de ese día, los lugareños instalaron un campamento formal a orilla de la carretera. El mensaje fue que se cerraban para evitar el contagio.
Es lo mismo que sucedió en algunos sitios de Guatemala.
Crispin García, vicepresidente de la junta directiva de los 48 cantones de Totonicapán, explica que, cuando llegan migrantes deportados, los familiares deben avisar a la municipalidad.
En el departamento vecino de Quetzaltenango, el alcalde prohibió en un primer momento la entrada a los migrantes deportados que llegan por tierra desde México. Luego flexibilizó la medida. Esto permitió habilitar un albergue dentro de un centro recreativo estatal, llamado Atanasio Tzul. Los vecinos se opusieron:
¡Qué se los lleven! ¡Nosotros, señores, aquí estamos arriesgando la vida de nosotros y de nuestra familia. Nosotros no estamos pidiendo otra cosa más que se los lleven! ¡Qué se vayan! ¡Los llevan o los quemamos!,
gritaron los vecinos afuera del lugar la tarde del 15 de abril, cuatro días antes que se encendieran las alarmas con la llegada de un deportado al pueblo Santa Catarina Palopó.
En este nuevo caso se trataba de 80 migrantes deportados. “Si los que vienen en avión vienen contaminados, ya no digamos los que vienen vía terrestre. Esa es la preocupación”, dice Oscar Nimatuj, líder de vecinos.
Aunque muchos de sus compañeros llevaron palos y gritaron enardecidos, él “aclara” que no había una intención real de quemar nada, pero sí de pedir que los desalojaran para evitar contagios.
Dejaron allí a los migrantes deportados durante cinco días, y después los enviaron a cuarentena a sus casas. Uno de ellos resultó ser positivo en la prueba de coronavirus según las autoridades guatemaltecas.
