California impidió el uso de las cámaras corporales que usan los policías para el reconocimiento facial, esto con el objetivo de proteger a la comunidad de ese tipo de tecnología.
Matt Cagle, abogado de Tecnología y Libertades Civiles de La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), dijo a EFE que “con esta ley California actúa con valentía para detener la expansión de un estado de vigilancia que presenta una amenaza sin precedentes para nuestros derechos y libertades”.
La ley en California evitaría que los miles de cámaras corporales que usan los oficiales se conviertan en dispositivos de vigilancia, las cuales rastrean los rostros, voces e incluso la forma en que caminan las personas.
“La amenaza ya no es ciencia ficción: en este momento, los gobiernos en el extranjero están utilizando esta tecnología para atacar y oprimir a las poblaciones marginadas”, dijo ACLU.
“Las agencias federales y locales en los Estados Unidos también se apresuran a implementar estos sistemas”.
Cave recordar que San Francisco se convirtió en la primera ciudad en prohibir la adquisición y el uso de esa tecnología por parte del gobierno.
Fue entonces que varios estados se han unido a esa lucha, adoptando prohibiciones propias:
- Oakland
- Berkeley
- California
- Somerville
- Cambridge
- Massachusetts
Por otro lado, Gavin Newsom, gobernador del estado, firmó un paquete de 25 medidas destinados a reformar el sistema de justicia pena de California, entre los que se encuentra la ley que por tres años impide que se use el reconocimiento facial en las cámaras corporales.
“Estos proyectos de ley muestran un nuevo camino para garantizar que nuestro estado se acerque a un sistema de justicia penal más equitativo”, dijo el gobernador de California.
También este verano Axon, el mayor proveedor de cámaras corporales del país, anunció que prohibiría el uso de el reconocimiento facial de sus productos, y antes de eso Google dijo que haría una pausa en los productos de esa tecnología para los gobiernos.
Por otro lado, el Control de la Comunidad de la Vigilancia Policial (CCOPS) de la ACLU, está diseñado para garantizar que los residentes, a través de sus gobiernos locales y funcionarios electos, estén facultados para decidir si se utilizan las tecnologías de vigilancia.
La ley que entra en vigor el 1 de enero del 2020 solo permanecerá vigente tres años. Tras ese periodo, la legislatura considerará si se prolonga la prohibición.
“Las cámaras de la policía que escanean la cara no tienen lugar en nuestras calles, donde se pueden usar para vigilancia discriminatoria”, resaltó Cagle.
“Hemos explicado cómo incluso una tecnología de vigilancia facial perfectamente precisa seguiría siendo una grave amenaza para los derechos civiles, permitiendo el seguimiento automático e invasivo de nuestras vidas privadas y socavando la actividad protegida por la Primera Enmienda” dijo ACLU.
Sin embargo, compañías como Amazon y Microsoft siguen buscando ganancia de las ventas de reconocimiento facial a los gobiernos.
“Nuestra democracia nos da el poder como sociedad para rechazar la vigilancia que es invasiva, discriminatoria y de gran alcance. Continuaremos usando ese poder para crear una sociedad libre de vigilancia facial. Esperamos que te unas a nosotros en esta lucha”.
