La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado este martes a la comunidad internacional para que no acepte ni “normalice” la situación en Venezuela después de las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio. La CIDH instó a promover un esfuerzo “coordinado y diplomático” con el fin de apoyar una transición pacífica hacia la democracia en Venezuela.
Roberta Clark, presidenta de la CIDH, destacó que el incumplimiento de las normas electorales en dichos comicios representa una violación de los derechos políticos de los ciudadanos venezolanos. También exhortó a la comunidad internacional a continuar exigiendo transparencia y rendición de cuentas.
“Nuestro mensaje, tres meses y medio después de la elección, es que lo sucedido no puede ser aceptado ni normalizado. Hasta la fecha, las autoridades electorales venezolanas siguen sin publicar las actas de los resultados”, señaló durante una conferencia de prensa sobre la crisis venezolana.
El presidente Nicolás Maduro fue declarado ganador para un tercer mandato; sin embargo, la oposición, respaldada en copias de actas conservadas por sus representantes, denunció fraude y le atribuye el triunfo al excandidato Edmundo González Urrutia, quien se encuentra en un exilio forzado en España.
Parte de la comunidad internacional no ha reconocido a Maduro como vencedor y ha solicitado una revisión independiente de los resultados, cuya publicación originó protestas que dejaron un saldo de 28 fallecidos y más de 2000 detenidos.
El “terror” como método de control
Gloria de Mees, relatora de la CIDH para Venezuela, denunció que el gobierno utiliza el “terror” como herramienta para mantenerse en el poder. Aseguró que el patrón de represión que han documentado en semanas recientes se asemeja al de 2014 y 2017, cuando las fuerzas de seguridad reprimieron intensamente las protestas antigubernamentales, hechos que están bajo investigación en la Corte Penal Internacional.
Además, mencionó que se han registrado múltiples violaciones a las garantías judiciales, como la restricción para nombrar defensores privados. Hizo un llamado al gobierno venezolano para que ponga fin a la represión y libere a quienes han sido detenidos de forma arbitraria.
De Mees manifestó preocupación por 69 adolescentes detenidos durante las protestas contra los resultados electorales, cuestionando que se les mantenga junto a adultos sin una adecuada separación.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, negó el lunes la existencia de menores detenidos en el país, aunque reconoció que hay adolescentes bajo custodia.
Éxodo de periodistas
Pedro Vaca, relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, señaló que en el contexto de persecución que enfrenta Venezuela, varios medios de comunicación han tenido que enviar al exilio a algunos de sus miembros.
Vaca también comentó que en Venezuela existe actualmente un nivel alto de autocensura y temor al cubrir asuntos de interés público.
De acuerdo con el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), al menos 15 periodistas han sido arrestados desde enero, nueve de ellos después de las elecciones presidenciales, y seis han sido acusados de terrorismo.
Según cifras de agencias internacionales, más de 7.7 millones de venezolanos han dejado su país. Andrea Pochak, relatora para Movilidad Humana de la CIDH, advirtió que esta cifra podría aumentar si no se logra estabilidad institucional y política.
