La presidenta de la Asociación de Colombianos en Baja California, Paola Morales denunció públicamente las agresiones que vivió por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración.
Los hechos ocurrieron la madrugada del 2 de octubre en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, Abelardo L. Rodríguez.
Una experiencia de agresión y miedo
Paola Morales expuso lo ocurrido a su llegada de un vuelo proveniente de la Ciudad de México.
Inicialmente, la activista de origen colombiano relató que al pasar por el filtro instalado por el Instituto Nacional de Migración (INM), pudo ver varias situaciones inapropiadas.
Principalmente familias completas con menores de edad entre ellas, retenidas aparentemente por horas en espacios incómodos.
Expuso que a la salida del filtro del INM un agente migratorio le pidió que se detuviera para hacer una nueva revisión.
“Yo le dije ‘¿por qué me detiene?’ a lo que él ‘ah, colombiana: cállese’’’, comentó.
De acuerdo a lo presentado por la señora Morales, el agente del INM intentó callar en repetidas ocasiones a la activista, e incluso la amenazó con deportarla.
A lo que ella respondió en repetidas ocasiones, que no debía tener un comportamiento agresivo y despectivo ni hacia ella ni hacia el resto de las personas retenidas.
El funcionario al ver que la víctima utilizó su celular para hacer registro de lo que ocurría, la despojó de su documentación e intentó evitar que esta grabara.
“Saco el teléfono porque ni siquiera tiene el conocimiento de que entre México y Colombia no existen deportaciones por el Tratado del Pacífico”.
No tenemos un visado, cuando hay un visado hay deportación. Las personas que están ahí no tienen conocimiento de las leyes ni esas relaciones diplomáticas que se hacen”.
Luego de seguir pidiendo sus documentos, Paola Morales escuchó que solicitaron la presencia de la Guardia Nacional (GN) para supuestamente llevarla deportada.
Y pese a que personal de la GN hizo acto de presencia, este no intervino en la situación.
Finalmente, otro funcionario del INM le regresó sus pertenencias a la activista y le sugirió retirarse y “no buscar problemas”.
La pesadilla no terminó para Paola Morales
Durante su relato, la presidenta de la Asociación de Colombianos contó que una vez que se dispuso a retirarse del aeropuerto, fue alcanzada por ahora una funcionaria del mismo organismo migratorio.
“Sentí que alguien venía caminando a mi lado y escucho una voz que dice putas venezolanas y colombianas, las vamos a descuartizar”.
La mujer continuó con las amenazas exigiendo que no hiciera público lo que la activista había grabado momentos antes.
“Pinche putita, llevas a publicar ese video y te vamos a encobijar”.
De nuevo al video grabar lo que ocurría, la agente despojó de sus dos celulares a Paola Morales y se echó a correr en el aeropuerto.
Después de intentos por recuperar sus dispositivos, la defensora de derechos humanos se dirigió a un guardia de seguridad para saber si alguna autoridad podía ayudarla.
Momento en el que re apareció la funcionaria del INM para supuestamente regresarle los celulares que “había olvidado” la activista.
“La funcionaria me dice muy amable, ‘mire señora’ aquí están los teléfonos que se le quedaron’. Yo los agarré y le dije ‘no estás bien, nos volveremos a ver en frente de un juez’”.
Paola Morales asegura que la agente le reiteró que además de ser funcionaria migratoria, sabía dónde vive.
Tras lo ocurrido, l.a defensora de derechos humanos se dirigió a la Fiscalía General de la República donde interpuso una denuncia formal por lo ocurrido.
Organismos de la sociedad civil respaldan a activista agredida
Graciela Zamudio, directora de Alma Migrante, reiteró que lo ocurrido fue una grave falta a los derechos humanos de la activista.
“Me imagino que verificaron que sí es una defensora de derechos humanos y tal vez por esa razón no la metieron a una conducción, que es lo que están haciendo en los últimos meses… tal vez por esa razón no la amenazaron con todo lo que le dijeron que iba a suceder”.
Por su parte, Judith Cabrera codirectora de Border Line Crisis Center habló del incremento de la militarización en la forma de tratar a los flujos migratorios.
Asimismo, lamentó que se sigan registrando casos de criminalización de personas en movilidad como defensoras de estas.
En tanto, Ximena Rojas de Refugee Health Alliance y Parteras Ancestrales presentó una serie de exigencias a las autoridades federales.
Estas a fin de que terminen los actos de discriminación hacia la población en movilidad.
Hasta el momento, el Instituto Nacional de Migración no ha emitido posicionamiento alguno respecto a lo sucedido.