Durante tres días, el personal de una clínica médica en Orlando instó a una mujer con dolor abdominal que había llamado a la línea de triaje a que fuera al hospital. Sin embargo, ella se mostró reticente, temerosa por una ley del 2023 que obliga a los hospitales en Florida a preguntar si un paciente está legalmente en Estados Unidos.
La clínica se esforzó por aclarar los límites de esta ley, que forma parte del paquete de políticas migratorias más estrictas implementadas por el gobernador Ron DeSantis. Colocaron carteles informando a los pacientes que podían negarse a responder la pregunta y aún así recibir atención; además, los datos de identificación personal no serían reportados al estado.
“Hemos tratado de explicar esto una y otra vez, pero el miedo era palpable”, comentó Stephanie Garris, directora general de Grace Medical Home, quien señaló que la mujer finalmente fue a la sala de emergencias para ser tratada.
Blaise Ingoglia, el senador estatal republicano de Florida que impulsó el proyecto de ley para hospitales, declaró que la ley es “la legislación contra la inmigración ilegal más fuerte y completa liderada por un estado”. Sin embargo, no respondió a las preguntas de AP sobre el impacto de la ley en la comunidad inmigrante o en los pacientes hospitalizados.
Luis Isea, médico de medicina interna con pacientes en hospitales y clínicas del centro de Florida, afirmó que la ley “crea una barrera adicional” para pacientes que ya enfrentan muchas disparidades.
Los grupos de defensa de los inmigrantes en Florida informaron que enviaron miles de mensajes de texto y correos electrónicos, además de organizar clínicas para ayudar a las personas a entender las limitaciones de la ley. Explicaron que las agencias policiales no conocerían el estatus de una persona ya que los datos se reportarían de forma global.
No obstante, muchas llamadas no recibieron respuesta. Algunos pacientes mencionaron que abandonaron Florida debido al impacto de la ley para acceder a atención médica y empleo.
El gobierno de DeSantis vinculó el mandato hospitalario con otras medidas que invalidaron algunas licencias de conducir, criminalizaron el transporte de inmigrantes sin estatus permanente y modificaron las políticas de verificación laboral.
Otros, según los defensores, soportaron el dolor o debieron ser persuadidos. Verónica Robleto, directora de programas en el Proyecto de Salud de Mujeres Rurales en el centro norte de Florida, recibió una llamada antes de que la ley entrara en vigor, en julio de 2023, de una joven sin permiso legal para estar en Estados Unidos. Ella temía ser separada de su hijo si daba a luz en el hospital.
“Estaba muy asustada, pero finalmente acudió tras hablar conmigo”, relató Robleto.
Por otro lado, se trata de autoinformación. Cualquier persona puede negarse a responder, una opción que casi el 8% de las personas hospitalizadas y alrededor del 7% de quienes acudieron a la sala de emergencias eligieron entre junio y diciembre de 2023, según el informe del estado de Florida. Menos del 1% de las personas que visitaron la sala de emergencias o fueron hospitalizadas informaron estar en Estados Unidos “ilegalmente”.
La Agencia para la Administración de Atención Médica de Florida reconoció grandes limitaciones en su análisis, admitiendo que no sabía cuánta atención proporcionada a “extranjeros ilegales” quedó sin pago.
También señaló que no podía vincular los altos niveles de atención no remunerada con el número de “extranjeros ilegales” que llegan a un hospital, indicando que están “más asociados con la situación de los condados rurales que con los porcentajes de inmigración ilegal”.
La agencia no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios y más información. Su informe indicó que, durante gran parte de la última década, la cantidad de facturas impagas y deudas no cobradas de los hospitales en Florida ha disminuido.
