Alma Quezada, una salvadoreña que creció en Estados Unidos, no pudo contener su emoción al enterarse de que el gobierno de Joe Biden había aprobado el beneficio migratorio llamado ‘parole in place’. Esta medida permitiría a su esposo, Juan Antonio Valla, también originario de El Salvador, regularizar su situación migratoria tras 17 años de espera.
“¡Dios mío! Cuando escuché la noticia, me llené de alegría y le dije a mi esposo que haríamos la solicitud”, recuerda Quezada, quien inmediatamente buscó asesoría legal para iniciar el proceso.
Sin embargo, pocos días después, el 26 de agosto, una noticia puso en pausa esa esperanza: el fiscal general de Texas, Ken Paxton, suspendió el programa después de que 16 estados republicanos presentaron una demanda.
“Este beneficio cambiaría mi vida (…) me permitiría tener un mejor trabajo y mejor salario”, comentó Valla, a la Voz de América, quien conoció a su esposa por internet cuatro años antes de casarse.
Además, Valla piensa que, si logra legalizarse, podría disfrutar de vacaciones y finalmente visitar a su madre, a quien no ve desde hace 17 años.
“La única motivación detrás de esta demanda es la crueldad de separar familias y la búsqueda de beneficios políticos esperando que un juez sirva al movimiento antiinmigrante”, expresó FWD en un comunicado.
En contraste, la fiscal general de Florida, Ashley Moody, explicó en una publicación en la plataforma X que el estado impugnó la medida porque, según ella, “el gobierno de Biden la usa ilegalmente para avanzar su agenda de fronteras abiertas”.
Claudia Sánchez, trabajadora de CARECEN, afirmó a la Voz de América que esta iniciativa había sido “muy esperada” y que la decisión judicial dejó a muchos inmigrantes en una situación de incertidumbre.
“La noticia fue recibida con mucha alegría y expectativas, pero también con muchas dudas, ya que aún existen vacíos legales”, dijo Sánchez, añadiendo que abogados y organizaciones sin fines de lucro están esperando más información sobre el futuro del programa.
Sánchez explicó que durante los 14 días de suspensión temporal, que comenzaron el 26 de agosto, no habrá respuestas ni aprobaciones para los casos de ‘parole in place’, pero los solicitantes aún pueden presentar sus aplicaciones.
A pesar de esta pausa, matrimonios como el de Quezada y Valla han presentado sus solicitudes en línea, conforme a lo estipulado.
“Muchos de nuestros clientes están nerviosos y preocupados sobre el futuro de este programa. Al día de hoy, no sabemos qué pasará”, añadió Sánchez.
Para ser elegibles al ‘parole in place’, los inmigrantes deben haber residido en Estados Unidos durante al menos 10 años, no representar una amenaza para la seguridad, y no tener antecedentes penales. Además, deben haberse casado con un ciudadano estadounidense antes del 17 de junio, el día previo al anuncio del programa.
Si la solicitud es aprobada, los solicitantes deberán pagar una cuota de $580 y entregar una amplia documentación que demuestre su permanencia en el país. Podrían obtener un permiso de trabajo y, en un plazo de tres años, buscar la residencia permanente.
Oración, trabajo y contribuciones Antes de la implementación de este programa, los inmigrantes sin autorización en Estados Unidos enfrentaban grandes dificultades para obtener la residencia permanente incluso estando casados con ciudadanos. A menudo, debían regresar a sus países de origen, con el riesgo de no poder regresar a EE.UU. durante años.
Hoy, Quezada cree que su esposo merece la oportunidad de regularizar su estatus. “Oremos para que no suspendan definitivamente el ‘parole in place’, porque hay muchas personas aquí que sueñan con ser residentes y ciudadanos”, expresó.
“Tenemos derecho a los documentos legales porque contribuimos al país, trabajamos, pagamos impuestos. Pienso que quien paga impuestos merece estar legalmente aquí”, concluyó Quezada.
