Organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos de las personas migrantes se posicionaron ante la restricción de asilo impuesta por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
En el comunicado dado a conocer la noche del miércoles, los activistas condenaron la orden ejecutiva que afecta a miles de familias solicitantes de asilo.
“Es un reflejo del Título 42 de la administración de Donald Trump pues sanciona a personas que buscan asilo en ese país antes de que tengan una entrevista con funcionario de inmigración”, se lee de manera textual.
De igual manera hicieron un llamado al Instituto Nacional de Migración para que dé a conocer el convenio hecho con Estados Unidos para recibir a personas deportadas bajo esta restricción.
En el documento se expresa la opinión de:
- Al Otro Lado
- Alianza para la Salud de las y los Refugiados A.C.
- Alma Migrante A.C.
- American Friends Service Committee
- Asociación Colombiana en Baja California
- Border Line Crsis Center A.C.
- Albergue Temporal Casa Arcoiris A.C.
- Centro 32 A.C.
- Comida Calientita A.C.
- Espacio Migrante A.C.
- Friends of Friendship Park
- Haitian Bridge Alliance
- Organización México Americana para el Desarrollo A.C.
- Partería y Medicinas Ancestrales A.C.
- Vihctoria BC Línea de Atención Integral A.C.
¿Por qué es preocupante la nueva política?
En rueda, representantes de distintas organizaciones expusieron los factores que con la nueva restricción de asilo ponen en riesgo la población migrante.
Anel Ortiz de la Organización Mexico Americana para el Desarrollo refirió que la mayoría de las personas migrantes vivieron abusos y extorsiones en su recorrido a Estados Unidos.
Expuso que al igual que en medidas anteriores como MPP y Título 42, no existe protección para las personas que buscan obtener asilo en el vecino país.
Además, señaló que es preocupante que México haya aceptado la deportación y devolución de solicitantes de asilo sin un plan público.
“México ha asumido responsabilidades que hasta el momento son desconocidas, no queda claro cómo va a garantizar seguridad de las personas que sean devueltas a Tijuana.
No queda claro el plan de acción, ni las opciones para las personas que sean rechazadas por parte de Estados Unidos”, sentenció.
Por esta razón, enfatizó la urgencia de una rendición de cuentas por parte del Instituto Nacional de Migración.
Una restricción de asilo que viola la Ley
Jocelín Mariscal Agreda de American Friends Service Committee, expresó que la imposición de la restricción de asilo es una continuación a las imposiciones de Donald Trump.
Sin embargo señaló que ya existe una demanda por Sociedad Civil al considerarse una orden ejecutiva que viola la constitución.
“La ley establece expresamente que cualquier persona que llegue a Estados Unidos puede solicitar el asilo independientemente de cómo ingresó al país”.
Por otra parte, lamentó que la desinformación sea un problema en aumento que no es atendido por el gobierno mexicano ni por las autoridades de Estados Unidos.
Una situación de interés general
Judith Cabrera, co directora de Border Line Crisis Center, reiteró que la temática migratoria le concierne a la sociedad en general.
Destacó que aunque las organizaciones se encarguen de responder en primera instancia, la comunidad debe involucrarse.
Recordó la necesidad de dejar de manejar narrativas de odio hacia las personas desplazadas y cambiar por un lenguaje más humanizado.
“En algunos medios, sobre todo gringos la narrativa es más bien estigmatizante: que son criminales, que causarán problemas o con enfermedades. Y son en realidad las personas más vulnerables que podamos encontrar”, finalizó.
