En columnas anteriores hemos detallado las difíciles condiciones que atraviesan las personas trabajadoras migrantes que se contratan para trabajar en Estados Unidos bajo el esquema de visas H-2, pues muchas veces son objeto de estafas y abusos por parte de falsas personas reclutadoras que buscan lucrar con su necesidad de obtener un empleo para proveer a sus familias.
Con el fin de poner un alto a estos abusos y obligar a las empresas de Estados Unidos que contratan migrantes bajo el esquema H2 a prestar más atención en sus propios procesos de reclutamiento, el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) creó en 2015 el Programa RADAR, que se enfoca en lograr una responsabilidad conjunta (joint liability) entre las y los empleadores en Estados Unidos, y las personas que actúan como reclutadoras, a fin de proteger los derechos humanos de las personas trabajadoras migrantes temporales.
Asimismo, RADAR recupera el concepto legal de conocimiento, el cual está establecido en los reglamentos de las visas H-2A y H-2B, mediante el cual se obliga a las y los empleadores a prohibir a sus reclutadores el cobro de cuotas.
Uno de los grandes desafíos que hemos encontrado durante la operación de RADAR ha sido poder comprobar que las empresas conocen las acciones de sus reclutadores/as, por lo que establecimos un procedimiento para hacerles saber que hay personas en México actuando bajo su nombre. Por ello, en cuanto tenemos conocimiento de algún caso de abuso durante el proceso de reclutamiento y se hace una llamada telefónica de contacto con la empresa.
Esta llamada determina si es necesario investigar la cadena de suministro desde la persona trabajadora, hasta el empleador/a y las marcas que venden el producto/servicio a las y los consumidores. En caso de que se confirmen los abusos y se tenga completa la información de la cadena de suministro, el programa RADAR notifica a todos los actores que conforman dicha cadena de la situación de abuso, y continúa el monitoreo sobre el comportamiento de todos los actores involucrados.
Como puede verse, un componente central del trabajo de RADAR se encuentra en la investigación de las cadenas de suministro laboral y de producto, al tiempo que se provee acompañamiento a los colectivos y las personas migrantes trabajadoras que ven vulnerados sus derechos durante el proceso de reclutamiento, estadía laboral y su retorno a México.
Para cumplir los objetivos que le dieron origen, el programa RADAR actúa bajo dos ejes de acción principales, que son:
- Cadenas de suministro laboral. Este eje se enfoca en acompañar, atender y defender casos colectivos relacionados a vulneraciones de los derechos humanos de personas trabajadoras migrantes hacía Estados Unidos que ocurren durante el reclutamiento, la estadía laboral o su retorno a México.
- Cadenas de suministro transnacional. Este eje se dedica a analizar e investigar las cadenas de suministro transnacional de productos, a fin de promover la rendición de cuentas empresarial en las empresas estadounidenses que llevan a cabo prácticas violatorias a los derechos humanos de las personas migrantes laborales con visas H-2.
El programa RADAR, único en su tipo, busca por un lado defender los derechos de las personas trabajadoras, al tiempo que se propone involucrar a las empresas estadounidenses y hacerlas responsables por lo que sucede en su propio procesos de reclutamiento, lo cual no se había hecho nunca antes, sobre todo porque el programa de visas H2 ha sido manejado de forma unilateral por los Estados Unidos.
Hasta la fecha, RADAR ha enviado 14 cartas notificación a distintas empresas, cuya intención ha sido sentar un precedente legal sobre el conocimiento de una conducta indebida, lo cual está establecido en los reglamentos de las visas H-2A y H-2B, y obliga a las y los empleadores a prohibir a los reclutadores el cobro de cuotas y que sería muy útil en caso de la activación de un juicio.
Un logro indirecto de estas acciones han sido los instrumentos dados a conocer recientemente por el gobierno estadounidense para informar a las personas migrantes sobre sus derechos, entre los que se encuentra un portal web oficial que contiene una sección denominada “No me reclutaron de manera justa“, en la cual se afirma que “Cobrar tarifas de reclutamiento es ilegal”, y se informa que a quienes se les hayan cobrado dichas cuotas pueden tener derecho a recuperar su dinero.
“Los empleadores no deberían permitir que sus reclutadores cobren tarifas. Si usted pagó una tarifa a un reclutador en su país de origen, su empleador debe reembolsarle todo el dinero en su primera paga. Si cree que su empleador no ha cumplido con estos requisitos, puede llamar a la División de Horas y Salarios (WHD, por sus siglas en inglés) al 1-866-487-9243”, señala esta web administrada por el Departamento del Trabajo del gobierno de Estados Unidos.
RADAR es, a su vez, un componente de un proyecto integral mayor denominado Corredor de Justicia Transnacional, que busca abrir espacios para atender, acompañar y defender los derechos de las personas migrantes bajo esquemas de visas temporales de trabajo, del cual hablaremos en la siguiente ocasión.
