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Reparación del daño ocasionado a migrantes por incendio en estancia migratoria de Ciudad Juárez debe ir más allá de lo económico

México debe replantear su política migratoria, con la participación de las organizaciones expertas que acompañan a las víctimas de éste y otros casos graves de violaciones a los derechos humanos.

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Luego de que el Instituto Nacional de Migración (INM) diera a conocer que los familiares de los migrantes que fallecieron en la instancia migratoria en Ciudad Juárez recibirán una indemnización como reparación del daño de poco más de 3 millones de pesos mexicanos, diversas asociaciones civiles y albergues se han pronunciado al respecto. 

Las dependencias civiles mediante un comunicado hacen un llamado a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) a que no continúen realizando sus funciones con respecto al proceso de la reparación del daño de las familias y sobrevivientes del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez.

Cabe recalcar que el pasado 13 de agosto, el INM anunció un apoyo económico para las familias y los lesionados de aquel fatídico suceso en Ciudad Juárez como una manera de “reparar el daño”.

Además también señalaron las acciones que ha llevado a cabo con los sobrevivientes y sus familias.

Por este hecho, las organizaciones civiles, así como diversos albergues sostienen que esta acción:

No es una reparación, es sólo una compensación económica, una reparación integral del daño debe ser el resultado de un análisis serio y objetivo que a través de un dictamen de a conocer la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, no es una facultad del INM.”

Asimismo señalaron que desde hace 5 meses la CEAV se ha deslindado de sus funciones y las ha dejado en manos del INM

, situación que no debería de ser así. 

Una correcta reparación del daño

Para llevar a cabo un correcta reparación de los daños se debe tomar en cuenta lo siguiente:

  • Medidas de restitución
  • Rehabilitación
  • Compensación
  • Satisfacción y garantías de no repetición

También, reconocer la gravedad y magnitud del hecho cometido para garantizar la protección de los derechos de las personas.

Sobre todo en lo concerniente a recibir asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, y debida diligencia, puntualizan. 

El INM

está lejos de dar datos concretos sobre la reparación del daño, solo da a notar carencias en el proceso.

Ponen en riesgo a las familias al dar a conocer los montos económicos y no solo eso, están usurpando funciones y no hablan sobre la reparación del daño de los sobrevivientes. 

La dependencia migratoria solo denota su urgencia por cerrar el caso y deja ver el actuar impune de su titular, Francisco Garduño. 

Las organizaciones piden al gobierno de México que hagan una reparación correcta del daño: 

  • Deben solicitar a la CEAV que cumpla con sus funciones y sacar al INM de este proceso, Tomar en cuenta a todas las víctimas y sobrevivientes
  • Anunciar medidas de no repetición suficientes y adecuadas
  • Ofrecer una disculpa pública donde el Estado reconozca, -frente a las víctimas-, que #NoFueElIncendio

Todas las víctimas, así como sus familiares tienen que tener claro sus procesos de reparación integral del daño, diferenciada e individual, acorde a las afectaciones y necesidades de cada persona y claridad sobre los procesos de compensación económica.

El INM no ha tomado en cuenta recomendaciones de la CNDH

Finalmente en el comunicado se puede leer que hasta la fecha no está claro cómo el INM acatará “parcialmente” la Recomendación 111VG/2023.

En la que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) establece que el Instituto no cumplió con su labor de garantizar el derecho a la integridad y seguridad de las personas.

Desde hace más de una década la CNDH ha emitido más de 80 recomendaciones al INM por las condiciones deplorables al interior de las estancias y estaciones migratorias, sin que a la fecha hayan cambiado las cosas. 

México debe replantear su política migratoria, con la participación de las organizaciones expertas que acompañan a las víctimas de éste y otros casos graves de violaciones a los derechos humanos.



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