México debe replantear su política migratoria, con la participación de las organizaciones expertas que acompañan a las víctimas de éste y otros casos graves de violaciones a los derechos humanos.
Luego de que el Instituto Nacional de Migración (INM) diera a conocer que los familiares de los migrantes que fallecieron en la instancia migratoria en Ciudad Juárez recibirán una indemnización como reparación del daño de poco más de 3 millones de pesos mexicanos, diversas asociaciones civiles y albergues se han pronunciado al respecto.
Las dependencias civiles mediante un comunicado hacen un llamado a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) a que no continúen realizando sus funciones con respecto al proceso de la reparación del daño de las familias y sobrevivientes del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez.
Cabe recalcar que el pasado 13 de agosto, el INM anunció un apoyo económico para las familias y los lesionados de aquel fatídico suceso en Ciudad Juárez como una manera de “reparar el daño”.
Además también señalaron las acciones que ha llevado a cabo con los sobrevivientes y sus familias.
Por este hecho, las organizaciones civiles, así como diversos albergues sostienen que esta acción:
“No es una reparación, es sólo una compensación económica, una reparación integral del daño debe ser el resultado de un análisis serio y objetivo que a través de un dictamen de a conocer la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, no es una facultad del INM.”
Asimismo señalaron que desde hace 5 meses la CEAV se ha deslindado de sus funciones y las ha dejado en manos del INM , situación que no debería de ser así.
Para llevar a cabo un correcta reparación de los daños se debe tomar en cuenta lo siguiente:
También, reconocer la gravedad y magnitud del hecho cometido para garantizar la protección de los derechos de las personas.
Sobre todo en lo concerniente a recibir asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, y debida diligencia, puntualizan.
El INM está lejos de dar datos concretos sobre la reparación del daño, solo da a notar carencias en el proceso.
Ponen en riesgo a las familias al dar a conocer los montos económicos y no solo eso, están usurpando funciones y no hablan sobre la reparación del daño de los sobrevivientes.
La dependencia migratoria solo denota su urgencia por cerrar el caso y deja ver el actuar impune de su titular, Francisco Garduño.
Las organizaciones piden al gobierno de México que hagan una reparación correcta del daño:
Todas las víctimas, así como sus familiares tienen que tener claro sus procesos de reparación integral del daño, diferenciada e individual, acorde a las afectaciones y necesidades de cada persona y claridad sobre los procesos de compensación económica.
Finalmente en el comunicado se puede leer que hasta la fecha no está claro cómo el INM acatará “parcialmente” la Recomendación 111VG/2023.
En la que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) establece que el Instituto no cumplió con su labor de garantizar el derecho a la integridad y seguridad de las personas.
Desde hace más de una década la CNDH ha emitido más de 80 recomendaciones al INM por las condiciones deplorables al interior de las estancias y estaciones migratorias, sin que a la fecha hayan cambiado las cosas.
México debe replantear su política migratoria, con la participación de las organizaciones expertas que acompañan a las víctimas de éste y otros casos graves de violaciones a los derechos humanos.
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