La deportación de 98 ciudadanos que eran refugiados venezolanos desde Trinidad y Tobago hacia Venezuela el pasado fin de semana desembocó en una alerta emitida este jueves por la organización Amnistía Internacional (AI).
La directora de Amnistía para las Américas, Erika Guevara-Rosas, dijo lo siguiente:
“Las recientes medidas adoptadas por las autoridades de Trinidad y Tobago son sumamente alarmantes”
Los refugiados venezolanos deportados en Trinidad y Tobago
Casi un centenar de venezolanos “detenidos y considerados ilegales”, que fueron devueltos a su país en la madrugada del sábado 12 de agosto.
De acuerdo con la agencia AFP, formaban parte de un grupo de 200 detenidos en un popular local nocturno en la capital Puerto España.
En el comunicado, Amnistía citó sus propios datos alegando que el 25% de la población venezolana se vio forzada a huir de su propio país en los últimos años.
Esto debido a “la crisis de derechos humanos y emergencia humanitaria” que allí se vive.
Según la oficina de Refugiados de la ONU (ACNUR), unos 7 millones de venezolanos salieron de su país buscando refugio en diversas partes del mundo.
Cabe recordar que al menos 6 millones han encontrado cobijo en países de América Latina y el Caribe.
ACNUR informa que un millón de venezolanos ha pedido asilo en diferentes naciones:
“El derecho internacional no deja ningún margen a dudas: las personas refugiadas y solicitantes de asilo en todo el mundo no pueden ser devueltas a donde su vida e integridad corran peligro. Nadie puede ser sujeto a expulsiones masivas”
La isla caribeña no es firmante de la Declaración sobre Migración y Protección de Los Ángeles.
Esta fue pactada en esa ciudad estadounidense en junio de 2022 durante la IX Cumbre de las Américas.
Cabe destacar que este tratado tiene como objetivo “proteger la seguridad y la dignidad de todos los migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y apátridas.
Además, esta política es independientemente de su calidad migratoria, y a respetar sus derechos humanos y libertades fundamentales”
La petición de Amnistía Internacional
Amnistía apeló a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 para persuadir a Trinidad y Tobago:
“Es imperativo que se detenga de inmediato la deportación de aquellas personas que enfrentan riesgos de persecución y violaciones de derechos humanos en sus lugares de origen”
El juez Frank Seepersad, de la Corte Suprema de Trinidad y Tobago señaló que esta Convención de 1951 no es aplicable en ese país
El motivo es que nunca fue ratificada.
Es por esto que todos los migrantes quedan sujetos a la Ley de Inmigración y pueden ser deportados aún bajo solicitud de asilo
Con información de Voz de América
