Cuando Arizona promulgó la SB1070, los castigos comerciales le dieron un latigazo. Conferencias nacionales se cancelaron, hubo una huelga de silencio al suspender conciertos y eventos sociales, gobiernos y empresas congelaron acuerdos estatales y se cayeron negociaciones que estaban en la mesa lista para firmarse. El boicot nos salvó.
Era 2010. El clima político nos abrasaba. El gobierno estatal era liderado por el conocido “gabinete del terror”, con funcionarios antiinmigrantes como Jan Brewer y Russell Pearce, y alguaciles sedientos de atención como Joe Arpaio y el fiscal Andrew Thomas. Parecía que nada les pondría límites, hasta que se les vació la cartera. El dinero mueve al mundo y aquí el saldo rojo nos paralizó. Solo así se logró un cambio; solo en dólares entendieron los políticos una postura de condena por sus acciones.
Trece años después, en Florida, este verano acaba de entrar en vigor otra ley antiinmigrante aún más perjudicial que la norma de Arizona. Allá, los empleadores están obligados a revisar el estado migratorio de un trabajador como parte de sus procesos de reclutamiento, los hospitales tienen que reportar a los indocumentados y los conductores pueden terminar en la cárcel si transportan a una persona en situación irregular migratoria. Y mientras los ataques a la comunidad indocumentada continúan, lo demás sigue, como si nada.
Hubo una caravana nacional para demostrar el apoyo a los trabajadores sin documentos que han sido despedidos o están bajo amenaza de perder sus empleos por la nueva regulación, pero tuvo poca tracción. Hay protestas y muchas declaraciones, pero poca acción.
Conferencias nacionales como la de periodistas hispanos se realizan justo esta semana en Miami, sin ganas de ser suspendidas, y con el estandarte de que un comunicado de prensa de repudio contra la ley es suficiente mover los hilos políticos del estado. Quizá es que nos ha ganado la indiferencia frente a la incertidumbre ajena; tal vez es que ya hemos hecho las paces con una doble moral cada vez más aceptada socialmente.
Lo cierto es que unas 770,000 personas en estado irregular en ese estado tienen un blanco ahora en sus espaldas, de acuerdo con el Instituto de Políticas Migratorias de Florida. La mayoría trabaja en construcción o en el campo y son una fuerza laboral importante en la hostelería, la administración y el comercio.
En el caso de que el estado republicano se quedara sin trabajadores en situación irregular migratoria, se perderían más de 12,600 millones de dólares, según el Instituto. Esto representa el 1.1% de la economía; pero si a esto se le sumara un boicot, el impacto sería aún mayor.
¿Qué tan duro sería el golpe?
Pero hasta el momento, a pesar del anuncio de demandas en contra de ley promulgada por el gobernador DeSantis, los políticos antiinmigrantes siguen liderando las encuestas en la pre-campaña por la contienda republicana. Mientras unos amortiguan el golpe, ellos ganan poder político; es una balanza que nunca encuentra el equilibrio. Nuestra indiferencia también pesa.
