El último intento del partido republicano para revivir la regla de carga pública del expresidente Donald Trump fue rechazado por la Suprema Corte.
La decisión del máximo tribunal de Estados Unidos significa el fin definitivo de esta norma, la cual impedía obtener la ciudadanía a los migrantes que hayan recibido ciertos beneficios gubernamentales.
Aunque la Suprema Corte rechazó el pasado mes de junio reactivar la política de Trump, 14 fiscales de estados republicanos presentaron una demanda para restablecer la política de Trump.
Este recurso fue presentado por Ken Paxton, fiscal general de Texas; posteriormente se sumaron Alabama, Arizona, Arkansas, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Montana, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur y Virginia Occidental.
¿Qué es la carga pública? ¿Cómo me afecta?
Todo migrante que desee obtener la green card o la ciudadanía tiene la obligación de demostrar que no dependerá del gobierno de Estados Unidos, es decir no será una carga.
Esta regla existe para que las personas no puedan mantenerse así mismos puedan obtener un ajuste de estatus.
Sin embargo, durante la administración Trump esta regla fue endurecida, castigando a las personas que recibían beneficios gubernamentales. Esto incluía el programa de seguro médico Medicaid para los pobres y cupones de alimentos durante más de 12 meses en cualquier período de tres años.
Tras el cambio de gobierno, el presidente Joe Biden retornó la regla de carga pública a como estaba antes de Trump.
Esto quiere decir que las personas podrán solicitar los siguientes programas sin miedo:
- Programas de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) o similares.
- Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP).
- Medicaid, con algunas excepciones.
- Beneficios de vivienda.
- Cualquier beneficio relacionado con vacunas o pruebas de enfermedades transmisibles; o
- Beneficios complementarios o de propósito especial
