Actualmente, dar indicaciones o “fomentar” la migración irregular no tiene ninguna implicación legal, pues se considera que está acción está protegida por la liberad de expresión, sin embargo, la Suprema Corte podría cambiar esto.
Fue el pasado 9 de diciembre cuando el máximo tribunal de Estados Unidos acordó escuchar un caso de la administración del presidente Joe Biden para revivir una ley federal que convierte en delito penal fomentar la inmigración irregular.
En específico, los jueces tomarán un caso resuelto en febrero por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito; en ese momento, la corte dijo que no este tipo de acciones estaban protegidas por la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU.
Gracias al fallo del Noveno Circuito, fue anulada parte de la condena de Helaman Hansen, residente de California, procesado por esta ley.
Corte había dicho que “fomentar” la migración no es un delito
En ese momento, el gobierno federal acusó a Hansen de engañar a migrantes indocumentados entre 2012 y 2016; en su momento, el hombre les prometió que podrían obtener la ciudadanía estadounidense a través de un programa de “adopción de adultos” operado por su empresa con sede en Sacramento, Americans Helping America Chamber of Commerce.
Hansen convenció al menos a 471 personas para que se unieran a su programa, cobrándoles a cada uno hasta 10 mil dólares.
Este hombre “sabía que las adopciones de adultos que promocionaba no conducirían a la ciudadanía estadounidense”.
Por estas acciones, fue condenado inducir o alentar a los no ciudadanos a “venir, ingresar o residir” sin autorización en EE.UU., así como fraude postal y fraude electrónico, y fue sentenciado a 20 años de prisión.
Sin embargo, el Noveno Circuito dijo que esta ley es inconstitucional porque es demasiado amplia y criminaliza incluso el discurso común.
Entre las acciones protegidas por la Primera Enmienda se puede:
- Decirles animar a migrantes indocumentados a vivir en Estados Unidos
- Asesoraros sobre los servicios sociales disponibles.
La administración de Biden instó a la Corte Suprema a escuchar el caso y culpó a la corte de apelaciones por invalidar una “herramienta importante para combatir las actividades que exacerban la inmigración ilegal”.
El caso se escuchará durante el próximo año y se espera emita un fallo para junio de 2023.
Con información de Voz de América