Estas son las conclusiones que se tuvieron en el Foro de Reflexiones.
Un país militarizado, barreras para acceder al asilo y violencia son algunos de los problemas que enfrentan las personas migrantes en el sur de México.
El Foro de Reflexiones: “Panorama de Derechos Humanos desde la Frontera Sur de México 2022” fue un espacio donde defensores de los derechos humanos de los migrantes expusieron las carencias, problemas y violaciones a sus derechos humanos que enfrenten los migrantes y solicitantes de asilo y refugio.
En estas mesas temáticas se trataron varios temas de interés como:
El Foro de Reflexiones se llevó a cabo los días 28 y 29 de noviembre.
Las conclusiones del Foro de Reflexiones respecto a los cuatro temas que iban a discutir fueron las siguientes:
El COMDHSEM documentó la actuación de las fuerzas militares y de seguridad pública con fines de contención migratoria.
Entre las acciones más comunes fueron la restricción de desplazamiento mediante perímetros de contención, seguido por la persuasión y el uso de fuerza física en detonaciones individuales.
El Estado de México impulsa una política migratoria cada vez más represiva y violenta, y por otro lado, se recrudece la militarización de la frontera sur.
La evidencia mostró violaciones de derechos humanos cometidas en todo el país contra la población migrante y con necesidades de protección internacional.
La Guardia Nacional se incorporó a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), institucionalizando la militarización del control migratorio.
Los acuerdos de la Ley de Migración con la Ley de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, están siendo implementados de forma discrecional y violatoria de los derechos humanos.
Las políticas migratorias a nivel regional sufrieron un retroceso en la garantía de los derechos humanos, pues no reconocen las causas por las que las personas abandonan sus países.
Este año hay una cifra récord de eventos de detención migratoria en México.
Entre enero y agosto, 249,295 personas fueron detenidas, lo que significa un promedio de 1,025 personas detenidas diariamente.
Estas personas permanecen detenidas por días, semanas y meses, sin insumos biosanitarios, con alimentos en mal estado, incomunicadas, desinformadas y contratos crueles e inhumanos.
La criminalización de la migración implica que el Estado señala a las personas defensoras de los Derechos Humanos como “facilitadoras” de las amenazas a la seguridad y desarrollo.
Además, la militarización del Instituto Nacional de Migración (INM) intensificó las narrativas que criminalizan la labor de los defensores, albergues y organizaciones de DDHH.
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