Varias familias migrantes, que demandaron tras haber sido separados de sus hijos en la frontera entre EE.UU. y México, rechazaron los intentos del Departamento de Justicia de hacerles más evaluaciones psicológicas.
Debido a la política “cero tolerancia” de Donald Trump, muchas familias fueron separadas al momento de cruzar la frontera.
Esto debido a que todos los adultos debían ser enjuiciados por ingreso ilegal, y los niños, como no podían ir a la cárcel, se quedaban en custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos.
Estas evaluaciones adicionales son para medir qué tanto los traumatizó la política migratoria estadounidense.
Las secuelas de las evaluaciones
Los abogados argumentaron que es injusto que los padres se sometan a otra ronda de pruebas.
Quienes exigen una compensación ya hicieron otra ronda de evaluaciones; sin embargo, el Departamento de Justicia indicó que deben ser aplicadas por un experto.
Esto debido a que algunos padres indican tener afectaciones mentales y emocionales permanentes.
Las secuelas para los padres no solo son emocionales, sino también económicas, debido a que el gobierno está alargando el proceso.
Y es que, ahora también tienen que contratar niñeras para sus demás hijos y faltar al trabajo para ir a las citas.
Pero los padres no son los únicos que están teniendo más problemas debido a la separación y a todas las pruebas a las que se tienen que someter.
Un estudio demostró que los niños migrantes separados tienen más miedo, sentimientos de abandono y síntomas de estrés postraumático.
Por ahora, a los niños no se les exige otra ronda de evaluaciones; sin embargo, la idea de hacerlas en un futuro no se ha descartado.
Será un juez quien decida si será o no necesario hacer pruebas adicionales a los niños.
Las primeras demandas fueron presentadas por 11 familias; sin embargo, actualmente hay casi dos docenas de casos similares pendientes en los tribunales.
Por el momento, ambas partes han intentado llegar a un acuerdo, pero todas las pláticas fueron suspendidas después de que pidieran un pago de 450,000 dólares por persona.
Hasta el momento, no se ha creado alguna institución u organización que pueda reunir a estos niños con sus familias.
Además de que los abogados y las familias siguen rechazando las nuevas rondas de pruebas psicológicas.
Más allá de que atrasen el proceso de reunificación, es una situación que les está ocasionando mayores problemas.
