Una de las críticas más recurrentes que recibe la administración de Joe Biden está vinculada con su política migratoria.
Algunas voces republicanas lo acusan de desplegar una política de “fronteras abiertas (open borders)”, en contraposición a las medidas llevadas a cabo por su antecesor, Donald Trump.
La muerte por asfixia de más de 50 migrantes a finales de junio en un remolque de un camión en San Antonio, Texas, sumado al constante cruce de migrantes por el Río Bravo, han reavivado esta acusación.
En Factchequeado nos comunicamos directamente con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), quienes señalaron en un correo electrónico: “Nuestras fronteras no están abiertas. La gente no debería realizar el peligroso viaje hacia el norte”.
Datos de CBP revelan que entre octubre de 2021 y junio de 2022, sus agentes interceptaron a más de 2 millones de migrantes que cruzaron irregularmente la frontera sur, el número más alto de migrantes interceptados en un año fiscal desde 1925; de esa cifra, más de 860,000 fueron inmediatamente expulsados, mientras que el resto enfrenta procesos de deportación.
Pero la acusación de los republicanos nace, en parte, porque para un grupo importante de los políticos de este partido, cualquier política fronteriza que no sea similar a la que aplicaba Trump en su mandato es sinónimo de “fronteras abiertas”, indicó a Politifact Edward Alden, de la organización no partidista Council on Foreign Relations.
La política fronteriza de Donald Trump fue tan restrictiva que, “ahora que la administración Biden busca gradualmente regresar el manejo fronterizo a una situación más normal, es calificada por conservadores como políticas de fronteras abiertas”, añadió Alden.
Entre la lista de republicanos que han realizado estos pronunciamientos falsos de “fronteras abiertas” está Greg Abbott, gobernador de Texas, quien dijo que la muerte de los inmigrantes asfixiados en el remolque era el resultado de las “letales políticas de fronteras abiertas de Biden”.
Otro que ha repetido este tipo de críticas es Ted Cruz, senador republicano por el estado de Texas, quien, también haciendo referencia a los más de 50 migrantes muertos en el remolque destacó: “Los traficantes de personas explotan las fronteras abiertas y los más vulnerables pagan con sus vidas”.
La propia plataforma del Partido Republicano se ha hecho eco de estas acusaciones; el pasado 22 de junio dijeron: “Las políticas de fronteras abiertas de Joe Biden ponen en peligro a cada comunidad” en Estados Unidos.
La falsa consigna también ha sido repetida por algunos medios de comunicación conservadores. En septiembre de 2021, el presentador de Fox News Tucker Carlson señaló: “Las estadísticas publicadas esta semana muestran que, a fines de julio, las incautaciones de fentanilo en la frontera sur son más del doble de lo que fueron durante todo el año pasado. Joe Biden hizo eso. Las fronteras abiertas significan que muchos más jóvenes estadounidenses morirán. Una vez más, Joe Biden hizo eso”.
Biden ha intentado dar marcha atrás a algunas políticas fronterizas de Trump
Biden llegó a la Presidencia en enero de 2021 y, desde entonces, su gobierno ha hecho anuncios en el sentido de dar marcha atrás con los cambios migratorios dispuestos por Trump, aunque a un año y medio de su llegada al poder recién se empiezan a ver algunas variaciones.
El 1 de abril pasado, el Gobierno informó que, a partir del 23 de mayo, perdería vigencia el llamado Título 42, utilizado en la pandemia para la deportación de inmigrantes en la frontera. El 23 de mayo ya pasó y la medida sigue vigente. ¿Por qué? El 20 de mayo, 3 días antes de esta fecha límite, el juez federal de Louisiana Robert Summerhays impidió que se levantara esta medida.
No fue la única medida judicializada. Biden dio de baja el programa Quédate en México al poco tiempo de llegar a la Casa Blanca. Sin embargo, la Justicia de Texas le ordenó que repusiera ese sistema. Ese fallo llegó a la Corte Suprema, que validó la decisión judicial. Este año, el Gobierno reanudó sus intenciones de eliminar esta política y el Departamento de Seguridad Nacional dio una explicación más completa de los motivos de la medida. Finalmente, el 1 de julio, la Corte autorizó al Presidente a rescindir el programa Quédate en México, aunque eso aún no se ha hecho efectivo.
“Es objetivamente incorrecto decir que la frontera está ‘abierta’”, dice a Factchequeado Michelle Mittelstadt del Migration Policy Institute, think-tank no partidista dedicado a estudiar y proponer políticas públicas relacionadas al flujo migratorio en Norteamérica y Europa
Mittelstadt dice que, aparte de las expulsiones bajo el Título 42, las cifras de muertos, heridos y rescatados en la frontera también son evidencia de que no está abierta.
Además, según nos cuenta CBP, en los casos donde no ocurren expulsiones, los inmigrantes son procesados bajo el Título 8 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, una norma vigente desde antes de la pandemia en Estados Unidos y que califica como “inadmisibles” en el país a quienes ingresen de manera irregular.
Theresa Cardinal Brown, especialista en políticas transfronterizas del think-tank bipartidista Bipartisan Policy Center, dice a Factchequeado que, si bien hay familias que son liberadas dentro del país para continuar su proceso migratorio, usualmente bajo el Título 8 tienen orden de deportación y son supervisadas por las autoridades de seguridad nacional de EE. UU para que se presenten a sus audiencias en la corte de inmigración.
Andrew Nietor, de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, dice que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tiene varias formas de mantener la supervisión sobre inmigrantes que cruzaron ilegalmente la frontera, entre ellas está el uso de grilletes electrónicos con GPS y aplicaciones móviles.
Trump promovía la “tolerancia cero” en materia fronteriza
En abril de 2018, durante el gobierno republicano de Trump, se instauró la política migratoria que se conoció como “tolerancia cero”. Esta medida, dictada por el entonces fiscal general Jeff Sessions, estableció que cualquier persona que entrara a los Estados Unidos sin autorización, incluidos los solicitantes de asilo, serían acusadas por el delito de ingreso ilegal y se les iniciaría un proceso penal.
Como nada se especificaba sobre los menores de edad, esto derivó en la separación de muchas familias. Mientras los adultos eran enviados al sistema penal, a los hijos se los clasificaba como “menores no acompañados” y eran llevados a albergues manejados por la Oficina de Refugio y Reasentamiento (ORR). En septiembre de 2018, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) informó a Amnistía Internacional que la Patrulla Fronteriza había separado a 6 mil 22 familias entre el 19 de abril y el 15 de agosto de 2018.
“Si bien, padres e hijos eran arrestados juntos y detenidos en los centros de procesamiento fronterizos, miles de padres fueron procesados y trasladados a un tribunal federal cercano para declararse culpables y aceptar una sentencia de ‘tiempo cumplido’. Es decir que eran acusados penalmente por un delito menor o un delito grave sin pasar tiempo en prisión”, explica un trabajo de Bárbara Hines, abogada, defensora de los derechos de los migrantes y fundadora de la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas.
Y agrega: “Sin embargo, cuando los padres regresaban del tribunal federal, se encontraban con que sus hijos ya no estaban, pues habían sido trasladados a centros para niños no acompañados. Por supuesto, los menores no estaban ‘no acompañados’, sino que habían sido separados de sus padres a la fuerza”. Finalmente, 2 meses después, Trump dio marcha atrás con la medida que separaba a los hijos de sus padres.
A esto se sumaron otras políticas migratorias restrictivas. Primero, en 2019 se creó el Protocolo de Protección de Migrantes (MPP), conocido como Quédate en México, bajo cuyo régimen se devolvía a ese país a personas nacidas en terceros países mientras se realizaba el trámite de remoción en los Estados Unidos.
Por último, por la pandemia de coronavirus, iniciada en 2020 durante la administración Trump, se instauró lo que se conoce como el Título 42, que todavía se mantiene vigente.
Los datos revelan que, a diferencia de lo que dicen políticos del partido republicano y conductores de televisión conservadores, no existe una política de “fronteras abiertas” en el gobierno de Joe Biden. En medio de las cifras récord de cruces fronterizos, las detenciones, expulsiones y procesos de deportación de migrantes se han mantenido.
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