La próxima semana la Suprema Corte de Estados Unidos podría avalar la directriz de deportación que se impulsó al inicio del gobierno de Joe Biden.
Esta directriz pide deportar a personas que se encuentran de manera irregular en el país y que representan un mayor riesgo para la seguridad pública.
Hasta ahora, desde Estados Unidos, las deportaciones son para personas que hayan cometido actos de terrorismo, espionaje y “amenazas atroces a la seguridad pública”.
Gracias a una demanda interpuesta por Texas y Luisiana un juez federal pidió la suspensión a nivel nacional de esta directriz.
En un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional, dicha suspensión entorpece sus esfuerzos para “enfocar recursos limitados en los no ciudadanos que representan la amenaza más grave a la seguridad nacional, la seguridad pública y la integridad de las fronteras de nuestra nación”.
Consideraciones de la directriz
Esta directriz actualiza una política de deportación que durante el gobierno del ex presidente, Donald Trump, no tomaba en consideración los antecedentes penales o vinculación con la comunidad de las personas deportadas.
Tanto los gobiernos de Biden como de Trump tienen en común pedirle a la Suprema Corte que limite el poder de los jueces de un solo distrito para que no puedan emitir fallos aplicables a nivel nacional.
Gracias a estos fallos, políticas como el Título 42 aún no han podido ser derogados.
Nota con información de VOA
