Ampliación de la verificación de antecedentes penales, mejorar las leyes de “bandera roja” y combatir a los traficantes forman parte de las nuevas medidas federales en Estados Unidos para controlar la venta de armas.
El Congreso estadounidense: Senado y Cámara de Representantes aprobaron una ley para reforzar el control de armas.
Ahora queda en manos del presidente Joe Biden firmar y ratificar la ley.
Esta legislación es la más importante sobre el control de armas en los últimos 30 años y se da luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que la Constitución establece el derecho a portar un arma fuera del hogar.
En el Senado la ley recibió 65 votos a favor y 33 en contra y, en la Cámara de Representantes, 234 a favor y 193 en contra.
Ampliación de la verificación de antecedentes penales
Ahora los registro estatales y locales de salud mental formarán parte de la verificación de antecedentes penales para personas entre 18 y 20 años que quieran comprar armas.
Y se pasará de tres a diez días el plazo para recopilar información sobre la persona que quiera comprar un arma.
Condenados por violencia doméstica
Las personas condenadas por violencia doméstica y que mantengan “una relación seria y continuada de naturaleza romántica o íntima con su víctima” no podrán comprar armas.
Los maltratadores casados, que viven o que han tenido un hijo con la víctima, no podrán comprar armas.
Sólo después de cinco años y si no han cometido más delitos, los condenados por violencia doméstica podrán comprar armas.
Leyes de “bandera roja”
Se potenciará en 19 estados y el Distrito de Columbia las leyes de “bandera roja”. Estas leyes respaldan a las autoridades a obtener órdenes judiciales para quitar armas a personas que consideren peligrosas.
Lucha contra los traficantes
Se crean delitos federales, de hasta 25 años de prisión, para personas que vendan armas sin licencia y para quienes compren armamento de manera ilegal.
Salud mental y educación
El gobierno federal aumentará los presupuestos para crear centros comunitarios de salud mental y para ayudar a los estados con sus programas locales en colegios y centros sociales sobre esta materia.
La Oficina Presupuestaria del Congreso estima 13 mil millones de dólares para el alcance de esta ley.
El presidente Biden ya había comentado que estaba “ansioso” de firmar esta ley.
