Los acuerdos gubernamentales, en materia migratoria, entre los gobiernos de México y Estados Unidos, generalmente atraviesan por encima su objetivo con la mirada colocada en perfeccionar los mecanismos de contención y disuasión, sin contemplar ninguna estrategia que mitigue los efectos adversos de sus opacas negociaciones.
En los últimos 4 años hemos padecido las consecuencias de las medidas impuestas por el gobierno estadounidense en complicidad con el gobierno mexicano que prácticamente han desmantelado el derecho al asilo, provocando una profunda crisis humanitaria en la frontera norte de México.
La reinstalación del Protocolo de Protección al Migrante o el “Quédate en México” hace unos meses y la reciente decisión de un juez federal de Luisiana que mantiene vigente el Título 42 han generado fuertes críticas y reclamos a la administración Biden, ese fue el tono de las consignas en una vigilia llevada a cabo en la frontera Tijuana-San Diego para honrar la memoria y dignidad de las víctimas de esas medidas crueles e inhumanas, diseñadas para disuadir a través del sufrimiento.
Se escucharon reclamos al gobierno de EEUU
Por las medidas restrictivas que han obligado a miles de familias provenientes de Honduras, Guatemala, El Salvador, Haití, Cuba, Colombia, Rusia, de algún país de África o del Medio Oriente, así como cientos de familias mexicanas desplazadas, a permanecer por periodos de hasta 2 años o más en ciudades de alto riesgo expuestas a violencia de todo tipo, en condiciones vulnerables, sin acceso a empleo, servicios de salud y educación, en la incertidumbre de un limbo jurídico respecto a su estatus migratorio, sin información oficial y en completo desamparo institucional de las autoridades locales.
OPINIÓN | Asilo en la frontera norte de México; derecho humano o privilegio
Sin embargo, son escasos los cuestionamientos al gobierno de México, aún cuando ha sido cómplice de esa política restrictiva y por lo tanto corresponsable de la pesadilla en la que se ha convertido la frontera norte. Las entidades federativas y los municipios fronterizos que se ven directamente afectados por acuerdos migratorios de alto nivel, ni siquiera son informados previamente, mucho menos consultados respecto a sus capacidades para atender el impacto real de esas decisiones, ni que decir de la asignación de algún fondo compensatorio para mitigación del impacto.
En Tijuana B.C.
La incidencia de las autoridades locales, salvo las buenas intenciones, se ha traducido en decisiones improvisadas sin articulación, reacciones con la lógica del bombero: apagar fuegos para atender alguna necesidad emergente.
Se ha deshumanizado a la migración, se le ve como una amenaza o como un problema sin solución lo cual es una premisa desafortunada que no favorece el desarrollo de políticas públicas. Se ha vuelto costumbre endosar a las organizaciones de sociedad civil o asociaciones religiosas la atención humanitaria, un claro deslinde de responsabilidad institucional inaceptable. Haber apostado a la presencia de oficinas locales de agencias internacionales tampoco es la panacea, pues su desempeño ha dejado mucho que desear, ha puesto en evidencia lo anacrónico de sus mandatos y sus absurdas limitaciones, como es la prohibición (por razones de seguridad) de recibir migrantes en sus propias oficinas, por increíble que parezca.
Baja California una región fronteriza con histórica vocación migrante tiene todo para ser ejemplo de una buena gobernanza y colocarse a la vanguardia en la política migratoria de atención humanitaria integral y colaborativa entre los tres niveles de gobierno.
Sería bueno que las autoridades locales se lo tomen en serio, amplíen su perspectiva y comiencen a construir el nuevo paradigma de la migración en México. Por el bien de la frontera ojalá que así sea.
