USA dará ayuda legal a solicitantes de asilo bajo el MPP

Los solicitantes de asilo bajo los Protocolos de Protección al Migrante (MPP), programa también conocido como Quédate en México, podrán recibir servicios legales mientras esperan la resolución de sus casos ante las autoridades de Estados Unidos.

Esto se dio a conocer luego de que el Gobierno de EE.UU. abriera una licitación para poder ofrecer estos servicios a través del programa Acceso Legal en la Frontera (LAB). Dicho programa se lanzará en siete ciudades fronterizas, incluidas:

• San Diego
• Calexico
• Nogales
• El Paso
• Eagle Pass
• Laredo
• Brownsville

En entrevista para Axios, la portavoz de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR), Kathryn Mattinglu explicó que la administración Biden espera poner en marcha a LAB en 60 días. Cabe aclarar que la licitación para proveer servicios legales a los solicitantes de asilo termina el 2 de febrero.

Sin embargo, el medio especificó que las personas bajo el MPP no tendrán abogados directamente, en vez de esto, serán preparados para su proceso legal.

De acuerdo con el Departamento de Justicia (DOJ), este programa busca “mejorar la eficiencia y la eficacia de los trámites en los tribunales de inmigración”.

¿El programa de Acceso Legal en la Frontera beneficiará a todos los solicitantes de asilo?

LAB tiene como objetivo capacitar a:

• Los migrantes detenidos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)
• Las personas con un proceso de deportación abierto
• Migrantes que busquen ingresar a Estados Unidos a través de la frontera suroeste
• Las personas inscritas en el MPP

Los migrantes bajo este programa recibirán explicaciones sobre las opciones que tienen para quedarse en EE.UU. mientras sus órdenes de deportación estén pendientes y conocer la práctica judicial de los tribunales de inmigración.

Uno de los problemas de la saturación del sistema de inmigración de EE.UU. es que los jueces no tienen tiempo de explicar a los migrantes de los procedimientos en los tribunales; en este sentido, activistas han criticado que la falta de información puede terminar en una deportación o en una solicitud de asilo rechazada.