Jesús López dice que se siente un extraño en el lugar donde nació. Es de Guadalajara, México, pero ha estado toda su vida en Chicago. Luego de 15 años en la ciudad, lo deportaron hace un año durante la pandemia de Covid-19.
“Quiero regresar porque pertenezco allí. Ahí es donde tengo a mis amigos, mi familia”, dijo el joven de 25 años, quien una vez fue beneficiario de DACA. Sin embargo, no renovó su lugar en el programa porque no podía pagarlo.
Ahora, espera beneficiarse de los nuevos esfuerzos de defensores, grupos y abogados para traer de regreso a inmigrantes que creen que fueron deportados injustamente de Estados Unidos.
Con Joe Biden en el cargo, una de las nuevas propuestas de los defensores es crear una oficina centralizada del Departamento de Seguridad Nacional. En ella se atenderían las solicitudes de los inmigrantes deportados que intentan reunirse con sus familias en Estados Unidos.
“Hemos deportado a cientos de miles de personas. Hacer eso y ni siquiera tener una válvula de escape efectiva para revisar las malas decisiones viola el debido proceso”, dijo Nayna Gupta, directora asociada de políticas del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes. Esta organización propuso la idea de la oficina.
No obstante, todavía es una posibilidad remota. Los funcionarios de la Casa Blanca nunca han mencionado públicamente la idea. Además, aún no tiene un partidario en el Congreso.
Sin embargo, la campaña muestra cómo la defensa de los inmigrantes se ha envalentonado después de cuatro años de políticas de inmigración de línea dura con Donald Trump. También muestra las diferentes necesidades que protegen los defensores de los inmigrantes.
Proponen reformas que beneficien a los migrantes deportados
Más de 700 mil inmigrantes han sido deportados de USA en los últimos tres años fiscales, según datos federales. La ley de los Estados Unidos incluye formas para que los deportados regresen, pero rara vez tienen éxito.
Para algunos de ellos, el cambio de administración ofrece esperanza. Y es que un proyecto de ley migratoria de Joe Biden incluye la posibilidad de que algunos deportados regresen a Estados Unidos.
Sin embargo, la administración no ha hablado públicamente ni ha respondido preguntas sobre la posibilidad de considerar regularmente esas solicitudes.
Claudio Rojas dice que se siente mejor desde que Trump dejó el cargo. Aun así vive con ansiedad y algunas noches no puede dormir en su casa de Buenos Aires.
“No estoy en un centro de detención, pero me siento como en la cárcel en mi propio departamento. Estoy en Argentina, pero me siento un extranjero. No puedo adaptarme”, dijo Rojas, de 55 años, deportado en 2019. Su esposa, dos hijos y dos nietos están en Florida.
Rojas y su familia se quedaron más tiempo del debido en una visa de turista. Después de una década, terminó bajo custodia federal luego de que la policía lo detuviera y recibiera una orden de deportación.
Rojas no se fue y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas lo detuvo nuevamente durante siete meses. Hizo una huelga de hambre ampliamente publicitada y dos cineastas hicieron un documental basado en su experiencia y la de otros.
Esperando un fallo
Días antes de que Rojas hablara en el Festival de Cine de Miami 2019, lo detuvieron y lo deportaron nuevamente. El argentino ha presentado una demanda y está a la espera de la decisión de un tribunal federal de apelaciones.
“Quiero recuperar la vida que perdí, todo este tiempo que perdí”, dijo Rojas.
Mientras tanto, el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes dice que el Congreso no necesita actuar sobre su propuesta. La creación de un proceso centralizado para revisar las solicitudes de deportados podría realizarse a través de la acción ejecutiva porque se basa en las leyes existentes.
El plan pide al gobierno que tenga en cuenta factores como las personas que eran elegibles para obtener un estatus legal y lo habían solicitado antes de ser deportadas. También pide considerar a aquellos que tienen circunstancias urgentes.
La propuesta ha sido compartida con el personal de la Casa Blanca. Además, se planea invitar al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, a discutir la propuesta e incluir una carta firmada por 75 organizaciones de derechos de los inmigrantes que apoyan el plan.
