Este lunes, una portavoz de la Casa Blanca confirmó a Voz de América que el gobierno de USA llegó a acuerdos con México, Honduras y Guatemala para que coloquen más tropas en sus fronteras.
México ya envió a más de 10 mil soldados a su frontera sur. Mientras tanto, Guatemala instalará mil 500 policías y militares en su frontera con México. Además, acordó establecer 12 puntos de control en este territorio.
Honduras, por su lado, desplaza en su frontera a 7 mil policías y militares, dijo la portavoz de la Casa Blanca.
“Estas discusiones se dan en varios niveles”, explicó. “El objetivo es dificultar más el viaje y el cruce de la frontera”, enfatizó.
El anuncio llega en momentos en que la administración Biden hace frente a una situación complicada en la frontera entre USA y México. Aquí siguen llegando familias y niños no acompañados. El tema tiene ocupados a legisladores demócratas y republicanos, quienes visitan la zona para observar la situación.
Critican decisión de Honduras, Guatemala y México
El anuncio fue tomado con escepticismo por la organización Human Rights Watch (HRW, por sus siglas en inglés). Su director ejecutivo, José Miguel Vivanco, habló sobre la muerte del guatemalteco Elvin Mazariegos. Él falleció después de que tropas fronterizas mexicanas le dispararan el pasado 29 de marzo en Chiapas.
“Hace 2 semanas, soldados mexicanos mataron a un hombre que cruzaba la frontera desde Guatemala para hacer compras en México”, recordó Vivanco en un tuit. También declaró que los soldados están entrenados para la guerra, no para hacer cumplir la ley de inmigración.
Por su parte, la directora asociada de HRW, Clara Lang, dijo a Voz de América que el refuerzo militar es un modo de actuación similar al de la administración Trump:
“La inclusión de un modelo de disuasión en la gestión de la migración es una crueldad extrema. Eso es lo que Estados Unidos ha aprendido en la administración Trump en la búsqueda para disuadir la migración”.
Lang pidió a la administración Biden “que haga de los derechos humanos el centro de su política exterior sobre migración”. Además, recordó que tras las deportaciones, algunos menores pueden llegar a lugares poco seguros.
“Estados Unidos es igualmente responsable de los daños que podrían sufrir los niños. Estos daños incluyen agresiones relacionadas con el uso de la Guardia Nacional y la fuerza militarizada. También podrían incluir la detención o la deportación a un lugar donde podrían sufrir daños”, enfatizó.
Por su parte, Tyler Moran, asesor presidencial sobre inmigración, ha declarado que este acuerdo con México, Honduras y Guatemala evitará que los traficantes, los contrabandistas y los carteles “se aprovechen de los niños en camino”. También dijo que las autoridades protegerán a esos niños.
“Más de lo mismo”, quejas en El Salvador
El activista César Ríos, director del Instituto Salvadoreño del Migrante, consideró que se trata de una medida similar a las implantadas por la administración Trump:
“Más de lo mismo, una respuesta militar ante un flujo humano que demanda protección, asilo y refugio… Esta movilización militar en las fronteras pareciera una declaración de guerra en la región. ¿Dónde está la declaración humana para atacar la migración que anunció el presidente Biden?”, indagó el directivo.
Por su parte, los gobiernos de México, Honduras y Guatemala no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre estas nuevas medidas.
Blindar las fronteras no ha dado resultados en México
La agencia Reuters informó en marzo que México había intensificado las redadas destinadas a arrestar a los inmigrantes en sus fronteras. El gobierno del país también reforzó la seguridad a lo largo de la frontera con Guatemala.
Esos esfuerzos aún no han producido resultados significativos. Además, se han visto complicados por las restricciones pandémicas y las nuevas reglas que limitan la capacidad de los centros de detención de inmigrantes en México.
En enero, justo antes de que Biden asumiera el cargo, Guatemala desplegó fuerzas de seguridad para detener una caravana migrante. Desde entonces, los funcionarios del gobierno guatemalteco se han comprometido a mantener la presión en sus fronteras.
