Alejandra Cano, la migrante chilena que podría haber evitado la deportación

Alejandra Cano migró de Chile a Estados Unidos aproximadamente hace 20 años. Tuvo una vida dura en los Estados Unidos. Sumado a esto, llevaba cinco años de estar sobria, después de luchar durante 10 años contra las drogas. Por aquel entonces acumuló varios delitos menores, entre ellos robar en tiendas.

Sin embargo, enfrentó las consecuencias de todas esas acciones, ella se encontraba ahora viviendo otra vida. Su realidad se convirtió en ser una madre que crió sola a sus dos hijos, trabajaba y  vivía en un acogedor departamento en Chicago.

Jamás se imaginó lo que podría pasar cuando decidiera volver a Chile. Ella no veía a su padre en 20 años, se le hizo fácil volver a Chile en 2019, ya que contaba con su tarjeta de residencia.

“Todavía tenía mi tarjeta de residencia. No tenía motivos para preocuparme”, dijo Cano.

Lamentablemente se equivocaba. Justo al volver de Chile agentes migratorios de EE.UU. la retuvieron en el Aeropuerto Internacional O’Hare. Los antecedentes penales de Cano aparecieron cuando compartió sus huellas digitales en el puesto de control de aduanas.

Ella había lidiado ya con las consecuencias de sus actos, hace 5 años que llevaba una vida por el buen camino. Pero nada de eso parecía tener valor ahora. Los agentes le retiraron su tarjeta de residencia permanente. El gobierno ahora quiere quitarle su estatus de legal y deportarla.

Los otros migrantes no-ciudadanos

Así como ella, muchos migrantes indocumentados o cuyo proceso de documentación está en trámite, pasan por procesos de deportación en Chicago cada año. Según información recopilada por la Corte Federal de Inmigración de la Universidad de Syracuse Transactional Records Access Clearinghouse.

Lamentablemente son procesados por el sistema de justicia penal. Tener delitos en la historial llama la atención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE según sus sigla en inglés). Delitos que a cualquier ciudadano podría costarle una multa o una cita en la corte tiene graves consecuencias para los que tienen tarjeta de residencia. lo que se conoce como una “consecuencia colateral”,

El problema no es que se ponga un castigo sobre quién rompe las leyes, el problema es que dentro de los criterios ICE, solamente tenemos dos tipos de delitos. Aquellos que son catalogados como delitos graves y los delitos similares a la pérdida de los derechos de voto y otras sanciones civiles que se suman a las condenas penales.

El personal de la Oficina del Defensor Público del Condado de Cook representa legalmente a lo que se conoce como “No ciudadanos” gente migrante que tienen residencia legal en EE.UU, pero que pese a que paga impuestos, y cumple sus deberes como cualquier otro residente en el país, no poseen ciudadanía.

Esta institución tiene por objetivo representar, como ya se dijo a los casos que puedan llevar a los migrantes a tener consecuencias colaterales. Asimismo, existe una nueva instancia anexa a la defensoría cuyo objetivo es interrumpir este proceso de condena a deportación.

El papel de la anterior instancia es informarles a los “No ciudadanos” las consecuencias de salir del país, tal como en el caso de Cano, si se tienen antecedentes legales o bien otras declaraciones de culpabilidad que atenten contra su estatus y su hogar.

Existe negligencia en las Oficinas del Defensor Público del Condado de Cook

En tanto que Illinois a solicitado abogados para llevar la tarea anterior mencionada, en el condado de Cook los defensores públicos no brindan esta importantísima información. Debido a lo anterior, los abogados de inmigración y defensa en Cook indicaron que esto se considera “ un descuido que es demasiado fácil bajo el sistema actual”.

De acuerdo con la entrevista que entablaron con Injustice Watch y Borderless Magazine.

La injusta deportación de Cano

Cano contaba en su historial con cinco delitos menores entre el 2005 y 2013. Entre ellos están robos al por menor. Este antecedente la hace deportable bajo la  ley federal de inmigración.

Antes de salir del país ella debería haber recibido esa información. La mujer migrante confesó que no hubiera abordado el avión de saber lo que pasaría

“Por lo menos, habría contratado a un abogado de inmigración para que me ayudara a averiguar qué estaba pasando”, comentó

La nueva instancia se enfoca en enseñar a los defensores públicos, mientras que los funcionarios del condado desean asignar abogados de inmigración gratis a más migrantes que podrían estar en riesgo de deportación en Chicago. Sin embargo, para lograr la tarea anterior se debe cambiar la ley estatal y quitar los obstáculos fiscales que se han presentado a la oficina del defensor público durante años.

La ambigüedad de los delitos en la Ley de Inmigración

En Cook, uno de cada cinco residentes es de otro país. De hecho, muchos tienen sus casa en el metro de Chicago, lugar en el que hay cerca de 480 mil inmigrantes con residencias permanentes y otro tanto de 460 mil indocumentados. De acuerdo con información del Consejo de Chicago sobre Asuntos Mundiales.

Tristemente no se lleva un registro de cuantos No ciudadanos enfrentan cargos legales en el condado de Cook el tribunal de circuito no rastrea el estatus migratorio de los acusados

Además, según los datos de una encuesta interna en el 2020 realizada en el mismo lugar, los defensores públicos del Condado apoyaron colectivamente a aproximadamente 700 no-ciudadanos. Quienés provenían de 80 países diferentes y eran acusados por delitos graves

“Todas esas personas enfrentan las consecuencias de inmigración derivadas de ese caso penal”, dijo Sharone Mitchell Jr., defensor público del Condado de Cook.

Cabe destacar que para ciertos casos la ley de inmigración es vaga e inexacta. Por ejemplo, condenar a un migrante por deportación se puede hacer por dos motivos: delitos graves agravados ( lo que incluye tráfico de drogas, homicidio, crimen organizado, etc) , la presentación de una declaración de impuestos falsa, y la falta de comparecencia en los tribunales – y crímenes “que implican la vileza moral

.”

El problema es que no hay una definición exacta de lo que se considera “ crímenes que implican vileza moral” el Departamento de Justicia ha dicho que el término es “difícil de definir con precisión.”

Además otros delitos de menor índole como los delitos no violentos, como la malversación, el fraude, la falsificación y el robo no son evaluados. El Servicio de Inmigración adopta decisiones sólo basadas en la cantidad de delitos registrados.

Como consecuencia, en los juicios hace imposible buscar sentencias alternativas que beneficien a la comunidad.

Tal es el caso de como la libertad condicional, la restitución, el servicio comunitario y la rehabilitación de drogas. A pesar de que estás sentencias alternativas también podrían en riesgo a los No ciudadanos irónicamente.

Dada la naturaleza arbitraria de estas leyes es difícil prevenir las consecuencias colaterales resultante de un estatus migratorio no estable.

Aún así, de acuerdo con la Corte Suprema de los EE.UU. sostuvo que, bajo la Sexta Enmienda un abogado debe informar a su cliente si  un declaración de culpabilidad conlleva un riesgo de deportación.

Lamentablemente en la práctica esto no sucede, debido a las lagunas legales que dejan vulnerables jurídicamente a los inmigrantes. Y con riesgo a ser deportados.

Por ello es indispensable continuar en la lucha, crear y apoyar esta nueva instancia anexa a la Oficina del Defensor Público del Condado de Cook apoyaría a muchos migrantes, que cómo Alejandra, viven en riesgo de ser deportados, a veces sin saberlo.