Este jueves, la Suprema Corte determinó que los migrantes indocumentados que quieran cancelar su orden de deportación serán responsables de presentar su evidencia de elegibilidad. Esta decisión afecta a quienes no tienen suficientes recursos para contratar un abogado. Pero también afecta a quienes han recibido condenas por delitos menores.
La Suprema Corte llegó a esta conclusión durante el caso de Clemente Pereida, un mexicano indocumentado que llegó a Estados Unidos en 1995. En noviembre de 2009, Clemente recibió una condena por uno de los delitos menores más comunes: usar el número de Seguro Social de otra persona para conseguir trabajo.
Luego de la condena, el Departamento de Seguridad Nacional emitió una orden de deportación contra Pereida. Él tramitó una solicitud para cancelar dicha orden. Sin embargo, un juez negó su petición argumentando que el migrante había cometido una “bajeza moral”.
Por su parte, los abogados de Clemente intentaron revertir la decisión del juez. Alegaron que el término “bajeza moral” era muy poco específico. Además, dijeron que no se le dio la oportunidad a su cliente de demostrar cómo la deportación afectaría a su hijo (quien es ciudadano estadounidense).
A pesar de estos argumentos, la Suprema Corte falló en contra de Clemente. Dijo que este mexicano no cumplió con requisitos para presentar su caso con un juez de inmigración. Y es que no comprobó que estaba libre de “ofensas criminales que lo descalificaran” de la deportación.
Sin embargo, en juicios anteriores, la misma Suprema Corte ha dicho que los delitos menores no son causa automática de deportación.
La deportación de uno abre las puertas a la expulsión de todos
Brian Goldman, abogado de Clemente Pereida, dice que este caso dificultará la situación para otros migrantes que hayan cometido delitos menores y que tengan una orden de deportación:
“Muchos otros no ciudadanos en situaciones similares podrían ahora tener que comprobar lo incomprobable respecto a condenas viejas y menores, solo para solicitar alivio humanitario de la deportación”.
Por su parte, el juez Neil Gorsuch remarca lo que dice la ley federal:
“Las personas que buscan alivio de las órdenes de deportación legales deben demostrar todos los aspectos de su elegibilidad”.
Por su parte, los jueces Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan se mostraron en contra de la decisión de deportar a Pereida. Ellos alegaron que este migrante mexicano lleva más de 25 años en Estados Unidos. Además, en este tiempo crió a 3 hijos que ahora son ciudadanos estadounidenses.
También dijeron que la decisión final puede hacer que la deportación dependa de “las diversas prácticas de acusación de los fiscales estatales”. Agregaron que esto genera una ley de inmigración injusta.
Con información de Telemundo.
