Aproximadamente, un 20% de la población de Florida está compuesta por migrantes. Por ello, activistas del estado se preparan para iniciar una batalla legal por los derechos de los migrantes en Florida.
Esto como consecuencia de la ley que propuso Ron DeSantis, quien ataca a las ciudades santuario. También los demandantes indicaron se siguen los protocolos de seguridad contra el Covid-19 en los centros de detención.
En Miami, el próximo lunes habrá una audiencia contra la ley, la cual tiene como objetivo forzar a las autoridades locales a colaborar con la migra para que ésta pueda deportar con mayor facilidad. De igual forma, la ley castigaría a las zonas que funcionen como ciudades santuario.
María Rodríguez, directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC), atestiguará su postura e intención de eliminar esta norma, la cual considera antiética y peligrosa.
La medida está en vigor desde octubre gracias a la promesa de campaña de DeSantis, quién ha mostrado estar de acuerdo con las políticas arbitrarias de Trump.
Las consecuencias morales y económicas
Rodríguez dijo con tristeza:
“Estamos acostumbrados a que DeSantis persiga a los inmigrantes, pero ahora está persiguiendo y obligando a entidades, que se perjudican al tomar esta labor migratoria, afectándolas moral y económicamente”.
Informó que esta política quita poder de elección a las autoridades, ya sean éstas policiales o sociales. En lugar de ocuparse de sus propias dependencias, se verán obligados a utilizar parte de sus esfuerzos apoyando al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Cabe destacar que muchas localidades se comunicaron con la coalición y han expresado su disconformidad con la medida, pues no desean ayudar a inmigración. A esto, se suman denuncias del departamento de policías locales, tal es el caso de Jupiter, en Miami. Lugar en el cual están deteniendo migrantes para entregarlos a ICE.
“En su comparecencia Rodríguez pretende argumentar que es el patrón de racismo que motiva este tipo de legislación y que grupos de odio son los que la están promoviendo con un impacto que es discriminatorio”.
Por otro lado, la jueza del caso, Beth Bloom, dijo en un fallo preliminar que la demanda presentaba pruebas suficientes, respecto a que esta ley ha sido escrita por grupos antiinmigrantes: tal como la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense (FAIR) y el Centro de Estudios de Inmigración (CIS).
“Dada esta premisa del asunto, la jueza concedió un triunfo inicial para quienes demandaron, pues considera que tal norma es inconstitucional el transporte entre estados de inmigrantes indocumentados por parte de autoridades locales de Florida”.
La ley SB 168, sancionada por DeSantis en 2019, fue demandada ese mismo año por FLIC y otros grupos como WeCount! y Farmworker Association of Florida (FWAF).
Se unen colectivos para demandar por el Covid-19
Este 2021 en abril, se realizará una corte en Florida para revisar la demanda colectiva que prioriza a los migrantes. Muchos de ellos denuncian precariedad y graves faltas a los protocolos de salud establecidos. A pesar de la pandemia, no se respeta el distanciamiento social en tres centros de detención de inmigrantes del sur de Florida: Krome, Broward y Glades.
La madre de uno de los detenidos en Krome expresó a Efe que no se respetaban las medidas de seguridad por el coronavirus. Por el contrario, cada que llamaba a su hijo lo veía con muchos otros detenidos, sin mascarillas y compartiendo el mismo teléfono para hacer las llamadas.
Su hijo, quién padece sinusitis y dificultades para respirar, se llama Luis Pintueles y tiene 27 años. Ella teme que su salud empeore. Además, dijo con tristeza que aunque su hijo no tenía antecedentes penales, tampoco le dieron la opción de esperar la decisión de su asilo en libertad, si no que se mantiene dentro del centro.
Luis Pintueles llegó en el 2019 a Estados Unidos con la intención de recibir asilo político, junto a otros cubanos que trasladaron de Georgia a Florida para ser deportados esta semana.
“Estamos encerrados un cuarto de tres por tres, no tenemos acceso a medicamentos, baño cada dos días… estamos perdidos”, dijo a Efe, Fidel Padrón García desde Krome.
Cabe destacar que Padrón y otros 21 cubanos fueron trasladados tres veces y están temerosos y desesperados de que los regresen a Cuba.
“E-Verify” El gobierno intenta controlar la fuerza de trabajo migrante
Por si fuera poco, el 1 de enero en Florida comenzará la vigencia de una nueva ley. Debido a esto, los empleadores gubernamentales y las empresas privadas que hacen contratos con el gobierno, deberán verificar que sus empleados no sean migrantes indocumentados. Para tal cometido deberán usar la plataforma E-Verify.
El republicano DeSantis prometió esta ley en su campaña, la cual es una versión más pequeña de otro proyecto inicial, de acuerdo con Rodríguez.
“El gobernador logró pasar un proyecto de ley y nosotros (grupos proinmigrantes) logramos limitarlo” comentó.
Después de que grupos humanitarios se mostrarán a favor de los migrantes, DeSantis y los legisladores estatales se echaron para atrás en su intención.
En 2011 ocurrió algo parecido, el exgobernador Rick Scott ordenó bajo su jurisdicción que las empresas y las agencias bajo su dirección usaran E-Verify para revisar a empleados nuevos y antiguos. Sin embargo tuvo que retirar la orden para el último grupo.
Además, el proyecto inicial recibió fuertes críticas por los sectores de la agricultura, el turismo y la construcción. Si usaban E-Verify declaraban pérdidas por hasta 253 mil 500 empleos, de acuerdo con un informe del grupo proinmigrante FWD.us.
Además, argumentaron que los trabajadores indocumentados forman parte importante de la economía de Florida. El informe indicó perdidas de 10 mil 660 millones de dólares en ganancias y mil 250 millones en ingresos fiscales estatales y locales.
Con información de La Opinión y EFE.
