Los 21 fiscales generales y el distrito de Columbia evidenciaron la regla propuesta por Trump. Esta regla empezaría a funcionar a partir del 11 de enero. Además, los funcionarios calificaron a esta regla como anti asilo, ya que traerá como consecuencia, que personas que realmente necesitan el asilo, no lo reciban y sean deportados.
A comienzos del 2019, la administración de Trump deportó decenas de miles de personas a México. También hizo lo mismo con países como Guatemala, Honduras y El Salvador.
Esta táctica tiene preocupados a los abogados de migrantes, así como grupos humanitarios y religiosos. La norma obliga a quién huye de su país, por motivos de violencia, a esperar respuesta en condiciones austeras y peligrosas.
Los fiscales que participaron en la presentación en contra de esta regla en documento ante tribunales son: los de California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y el Distrito de Columbia.
¿Por qué es tan importante respetar el asilo?
Cabe destacar que esta política provocaría “muerte al asilo”. De igual forma, la medida agrega requisitos y deja a la elección de los funcionarios de inmigración la decisión de si aceptar o negar el asilo a un individuo.
Xavier Becerra, el fiscal de California, declaró:
“Ignorar a quienes huyen de la violencia y la persecución no sólo es ilegal sino que contraría los valores fundamentales de nuestra nación. El país en el cual creemos es un sitio de esperanzas y posibilidades“.
El funcionario Becerra es uno de los nominados por Joe Biden para el cargo de Secretario de Salud.
“Nadie gana cuando el presidente Trump trata de barrer a la gente bajo la alfombra y llama a eso una solución”, dijo el funcionario.
Por otro lado, los fiscales indicaron que permitir el avance de esta política es dejar a las personas necesitadas sin un apoyo verdadero, básicamente “socavar el compromiso” y la imagen que brinda la nación como un
“Sitio seguro para los asilados que escapan de la persecución al trastornar el sistema actual de asilo y al incrementar la separación de las familias”.
Asimismo, afecta las economías de los estados, ya que les quita trabajadores cuyas funciones son esenciales para el desarrollo de su economía.
El 7 de enero se realizará una audiencia, en la cual se mostrarán los documentos al Tribunal de Distrito Federal del Norte de California. En ellos se encuentran dos demandas al Departamento de Seguridad Nacional.
Con información de La Opinión.
