El pasado lunes, los fiscales de 16 estados enviaron una carta al gobierno de Donald Trump pidiéndole que retirara una propuesta que busca restringir la aprobación de permisos de trabajo a extranjeros con orden de deportación. Esto afectaría cerca de 17 mil migrantes.
Asimismo, la nueva regulación se encuentra en el periodo de 60 días para recibir comentarios sobre la “Autorización de empleos para ciertas clases de extranjeros con órdenes de expulsión definitivas”.
Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), bajo las regulaciones actuales:
“Un extranjero que tiene una orden final de remoción y que es liberado temporalmente de la custodia del DHS bajo una orden de supervisión (OSUP) es generalmente elegible para un documento de autorización de empleo (EAD)”.
“Esto desalienta al extranjero de partir o cooperar con su país de origen para obtener documentos de viaje para salir de Estados Unidos. Estos extranjeros han utilizado recursos gubernamentales sustanciales durante todo el proceso de remoción. En última instancia, un juez de inmigración les ha ordenado su remoción de Estados Unidos”, explicó USCIS, en un comunicado.
Más sobre la norma que impide trabajar a 17 mil migrantes
Además, al respecto, Becerra informó en un comunicado que:
“No se debe negar a las familias migrantes trabajadoras la oportunidad de obtener un ingreso básico para mantenerse a flote. No están pidiendo limosna. Esta propuesta no solo es contraria a la ley. Es cruel y amenaza con dañarnos a todos. Proporcionar incluso lo mínimo en protección legal y tratar a los trabajadores con dignidad no debería ser tema de debate”.
Los procuradores de los 16 estados también aseguran que el DSH actuó contra la voluntad del Congreso al proponer una regla que requeriría que los funcionarios de inmigración ignoren la posibilidad de que los extranjeros obtengan permisos de trabajo bajo la ley de inmigración.
Con información de La Opinión.
