La Misión de Observación de Derechos Humanos en la Frontera Sur de México (MODH) demandó a las autoridades desvincular las políticas migratorias de las de seguridad nacional, pues se detectaron graves violaciones a los derechos humanos en la implementación de estas medidas, lo cual sólo empeoró durante la pandemia provocada por la Covid-19.
En su más reciente Informe de Hallazgos, la MODH documentó las condiciones de vida que atraviesa la población migrante en la frontera sur de México.
Del 17 de agosto al 18 de septiembre, 24 organizaciones de la sociedad civil y albergues denunciaron violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades.
Además, la pandemia hizo más vulnerables a los migrantes en tránsito por México, pues hizo más complicado el acceso a la justicia.
Cabe aclarar que, debido a la crisis humanitaria provocada por la pandemia de Covid-19, esta misión se llevó a cabo de manera virtual.
Esto se hizo a través de espacios de análisis, monitoreo y documentación de manera colectiva, en cuatro corredores geográficos: Selva, Centro, Costa y Transfronterizo.
Los derechos migrantes más vulnerados en México
En concreto, se observó que se los abusos se hicieron más complejos e intensos en los siguientes temas:
- Salud
- Educación
- Trabajo
- Vivienda
- Justicia
- Regularización migratoria
- Protección internacional
Además, en este tiempo “fue evidente con el incremento de la militarización y el control fronterizo, así como el reforzamiento de los acuerdos entre México y Estados Unidos”.
Esto se puede ver en el incremento de redadas y operativos migratorios en espacios públicos y privados de algunos municipios.
En estos operativos no sólo se pueden observar a elementos del Instituto Nacional de Migración (INM), sino a operativos del Ejército, la Guardia Nacional o policías.
Cabe resaltar que, a excepción del INM, estas autoridades no tienen permitido realizar actividades de control migratorio.
En este sentido, los observadores que elaboraron el informe calificaron como preocupante que la Guardia Nacional realice controles de identificación y verificación migratoria.
Los observadores explicaron que las acciones de control y verificación migratoria, siempre van a traer violaciones a derechos humanos, porque implican violaciones a derechos humanos.
El informe detalla que las autoridades justificaron estos controles bajo el argumento de cuestiones de salud, debido a la Covid-19.
Respecto a los espacios de detención, se observan tratos crueles, inhumanos y degradantes, además, muchas personas reciben alimentos descompuestos.
No se tienen espacios dignos para personas con condiciones particulares, menores de edad, mayores de edad, personas de la comunidad LGBTTTQ+.
Además, se registró separación familiar, negativa a las solicitudes de asilo y malas condiciones de higiene.
Gobierno omite su responsabilidad
Uno de estos ejemplos es el de la comunidad desplazada de Laguna Larga, la cual se encuentra en la línea fronteriza entre Guatemala y México, donde se documentó que el acceso a derechos como la salud, educación, vivienda y seguridad, entre otros, están siendo violentados, ya que ambos gobiernos omiten su responsabilidad de garantizar condiciones de vida digna y desarrollo para esa comunidad.
El informe de la MODH detalla que varias problemáticas se mantienen y otras que se agudizan.
Tal es el caso de los éxodos migrantes, los cambios en las políticas gubernamentales y el impacto de la actual emergencia sanitaria.
“Como Misión de Observación de Derechos Humanos en la Frontera Sur de México (MODH) hacemos un llamado al gobierno mexicano y a los gobiernos de la región a desvincular las políticas migratorias de las de seguridad nacional, adoptando un marco de derechos humanos que se enfoque en la protección de las personas en contextos de movilidad, para atenderlas de manera integral y efectiva, y garantizar así, sus derechos humanos durante la actual crisis humanitaria que se vive en la región”.
