A un año de que el gobernador de California, Gabin Newsom, firmara la ley AB-32 , la jueza de distrito Janis Sammartino confirmó la prohibición de las prisiones de operación privada y los centros federales de detención de migrantes en el estado.
A través de un comunicado, el Immigrant Legal Resource Center (ILRC) calificó este falló como un revés para ICE y el grupo GEO.
Pues, la ley implica que cinco centros de detención de migrantes en el estado sean eliminados gradualmente del estado en los próximos años.
Adicionalmente, serán cesados los contratos por 15 años que las corporaciones penitenciarias firmaron con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para expandir la detención de migrantes en el estado.
La única excepción para la ley AB-32 será para las instalaciones privadas del cuerpo de alguaciles.
¿Qué pasará con las cárceles privadas que alojan a los migrantes detenidos por ICE?
Tras darse a conocer la noticia, la Coalición Dignidad no Detención declaró que este fallo significa una victoria, sin embargo, aún hay mucho por hacer.
Agregaron que mientras continúe el abuso médico y la negligencia en los centros de detención de ICE continuarán alzando sus voces.
Pidieron a la oficina del Fiscal General del estado ampliar sus medidas, investigar y responsabilizar a las corporaciones que se benefician a expensas de la salud y el bienestar de la comunidad.
Del mismo modo, dijeron sentirse decepcionados por la exclusión de las instalaciones del cuerpo de alguaciles.
“Ya sea que las jaulas sean administradas por una corporación o el gobierno, el encarcelamiento es incorrecto, abusivo y debe terminar”, aseguró la coalición.
